Dimite un alto cargo del Gobierno de Ayuso tras su imputación en la Púnica
El comisionado de Víctimas del Terrorismo y exalcalde de Alcobendas, Ignacio García de Vinuesa, ha dimitido de su cargo tras conocerse su imputación en la pieza que investiga los contratos reputacionales para cargos del PP en redes sociales pagados con dinero público
García de Vinuesa en su etapa como alcalde de Alcobendas en una entrevista en la SER. / Cadena SER
Madrid
Ni doce horas ha durado en su cargo el que fuera alcalde de Alcobendas y uno de los más firmes defensores de Esperanza Aguirre. A media mañana, el ejecutivo regional aceptaba su carta de dimisión al frente del área de Víctimas del Terrorismo.
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Ignacio García de Vinuesa, de 72 años de edad, ha sido imputado en el Caso Púnica en una resolución judicial firmada por el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón. El asunto lleva mucho tiempo en ese órgano judicial. Es la pieza separada correspondiente a la contratación de informes pagados con dinero público para la mejora de su imagen en internet al empresario Alejandro de Pedro.
Se les imputa delitos de malversación de caudales públicos, fraude a la administración, tráfico de influencias y prevaricación entre otros ilícitos penales. El Ejecutivo regional ha agradecido en un comunicado de prensa la larga trayectoria al servicio de los ciudadanos de García de Vinuesa, así como su contribución en el apoyo y defensa de las víctimas del terrorismo en su última etapa profesional.
En total, el magistrado procesa a 18 personas entre las que se encuentra también Pablo Balbín que en su momento era el responsable de Comunicación de la Consejería de Educación cuya titular, Lucía Figar, ya está imputada. En la actualidad, Balbín es el jefe de gabinete de la concejal de Cultura en el Ayuntamiento de Madrid, Andrea Levy
Entre los otros nuevos imputados se encuentra también el exalcalde de Majadahonda, Narciso de Foxá. En Valencia, el juez deduce testimonio en el Tribunal Superior de Justicia para que cite como imputado al diputado autonómico Víctor Soler Beneyto, porque en su etapa como concejal y secretario general del PP en Gandía, ayudó al alcalde a pagar de forma fraudulenta con dinero público, los trabajos reputacionales personales, según los investigadores.
