Economia y negocios

Los defensores del Directo buscan la implicación de tres comunidades

El grupo de trabajo creado para reactivar esta línea férrea solicita una reunión conjunta con los consejeros de Fomento de Madrid, País Vasco y Castilla y León para sondear su compromiso

Imagen de archivo de una concentración de la plataforma en febrero de 2019 / Cadena SER

Aranda de Duero

El grupo de trabajo creado para potenciar la línea férrea del Ferrocarril Directo Madrid-Aranda- Burgos ha solicitado a las Consejerías de Fomento y Transportes de las comunidades de Madrid, Gobierno Vasco y Castilla y León una reunión conjunta para abordar el futuro de esta infraestructura ferroviaria. La iniciativa surge dentro de la estrategia que se han marcado sectores ferroviarios, empresariales, logísticos, sociedad civil y alcaldías afectadas por la línea con el objetivo de que esta se reabra nuevamente al tráfico teniendo en cuenta las valoraciones de asociaciones empresariales y operadoras privadas que muestran el interés existente para la reapertura completa de la línea.

Su pretensión es que los presidentes de las consejerías de las tres administraciones autonómicas se reúnan de forma telemática. El grupo de trabajo está formado, además de por la Plataforma por el Ferrocarril, por la Asociación de Empresas Ferroviarias Privadas (AEFP), la patronal burgalesa FAE, el centro de Transportes de Burgos, la Cámara de Comercio de Burgos, la Plataforma por las Infraestructuras de Aranda de Duero, la coordinadora por el nordeste de Segovia (CODINSE), el Grupo de Acción Local de la Sierra Norte de Madrid (GALSINMA), el Plante por el Directo, los ayuntamientos de Aranda de Duero y Burgos, la Asociación por la Recuperación del Patrimonio Ferroviario, el comité provincial de ADIF de Burgos y la autoridad portuaria de Bilbao.

Pretenden, por un lado, que con los fondos de reconstrucción transferidos desde Europa a las comunidades autónomas se realicen las primeras actuaciones de control de vegetación, que está ocasionando un grave daño a la vía, y una intervención en el túnel de Somosierra a través de de un convenio con ADIF y el Ministerio de Transportes. Unas ayudas que suponen para España un montante de 70.000 millones de euros que serán gestionados por las comunidades autónomas entre el 60 y el 70%. Del mismo modo se requiere que los presupuestos de las propias comunidades cuenten con partidas para conveniar con el gobierno central y con ADIF acciones para la línea.

Aunque de momento no ha habido contestación, desde la Plataforma indican que esperan ser recibidos por los responsables regionales. “No queremos que ignoren nuestra petición y que la dejen en el cajón de solicitudes. Necesitamos que nos demuestren si su compromiso es real o solo de palabra”, indica el presidente de la Plataforma, Jorge Núñez.

 
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