Las defensas de Castedo y Díaz Alperi no ven probado ninguno de los cargos de corrupción y piden la absolución

Alicante

Las defensas de Sonia Castedo y de Luis Díaz Alperi han protagonizado este jueves la sesión de conclusiones del juicio por el presunto amaño del Plan General de Alicante, en el que ambos exalcaldes del PP son los principales acusados junto con el promotor Enrique Ortiz.

El abogado de Castedo, Ignacio Gally, ha pedido la absolución de todos los cargos que se le imputan a ésta porque no considera probado que, aunque Ortiz hubiera obtenido algún secreto reservado, fuese Castedo quien se lo revelase, ni tampoco que ésta ejerciera ninguna influencia ni que prevaricase, y para ello ha intentado desmontar las conversaciones más comprometedoras de los pinchazos.

Gally ha sostenido que si hubo sobreseimiento sobre el redactor del Plan, Jesús Quesada, quien estaba obligado por contrato a no hacer revelaciones, con más razón deben quedar absueltos su defendida y los políticos, que "están obligados de informar a todos los ciudadanos" y a los agentes urbanizadores, como dice que era el caso de Ortiz.

Entrando al detalle de las conversaciones, defiende que la famosa reunión de los principales acusados y Quesada en la Gerencia de Urbanismo fue en dependencias públicas y que no está recogido lo que se trató en ella. Sobre el término "apaños" que utiliza Castedo es habitual en ella, dice, y no tiene el significado de amaño que se le ha adjudicado.

De paso, critica la interpretación de las escuchas ralizada por la policía a través de los atestados y pide que esas inferencias no se tomen como base. Y apunta como hipótesis que Ortiz "fuese de farol" y que no contase realmente con la información que se le presupone.

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Del mismo modo, rechaza que hubiera cohecho propio ni impropio, ni con los viajes ni con las contrataciones de otras personas y niega la mayor: que hubiera dádiva alguna. Argumenta que el regalo de la cazadora de marca a Castedo fue por su cumpleaños, el del mini para su amiga Julia Castelló no fue tal, sino que lo acabó abonando Castelló "de la economía familiar", y las invitaciones a los viajes se produjeron en atención a la amistad que había entre las familias, no en relación con su cargo y a Ortiz no le ocasionaron sobrecostes.

A Castedo, recordamos, se le piden 10 años de cárcel y una multa de 175.400 euros por cohecho.

El letrado de Díaz Alperi tampoco ve probado ningún cargo

En la misma línea ha rechazado el letrado del exalcalde cada uno de los delitos que se le imputan a éste. Asegura Grima que no se ha demostrado ante quién pudo haber influido Díaz Alperi, ni el grave daño para la causa pública que debe apuntalar el delito de revelación de información privilegiada.

El cohecho tampoco lo ve probado, puesto que en septiembre de 2008 Díaz Alperi dejó la alcaldía y sobre la prevaricación, asegura que la aprobación provisional del Plan General no implicaba que fuera definitiva, porque quedaba en manos de reparos y de la acción de otras instituciones, fuera ya del alcance de Díaz Alperi.

Grima, además ha pedido subsidiariamente que si se diera validez a las grabaciones, éstas no puedan ser prueba de cargo. Para Díaz Alperi también el Ministerio Fiscal solicita diez años de prisión.