Crisis en la Consejería de Sanidad por el pago millonario a los hospitales privados

Madrid

En el mes de septiembre, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero cerró un preacuerdo con la Asociación de Centros y Empresas de Hospitalización Privada de Madrid para compensarles por la atención que realizaron a los pacientes COVID-19 durante la primera ola de la pandemia. Pero ese acuerdo ha saltado por los aires. Después de ocho meses, los centros privados no han visto ni un solo céntimo.

La llegada Juan Armengol, el nuevo viceconsejero, ha dinamitado todo. El nuevo fichaje de Isabel Díaz Ayuso ha desautorizado al propio Consejero de Sanidad, y ha roto ese acuerdo, provocando una crisis interna y una guerra abierta con los hospitales privados, que incluso, anoche celebraron una asamblea extraordinaria para estudiar qué acciones emprender.

Según fuentes próximas a la Consejería de Sanidad, Juan Armengol se reunió este miércoles con las clínicas privadas y les aseguró que no está dispuesto a pagar los 36 millones de euros que habían pactado con el consejero, Enrique Ruiz Escudero. Les pagará menos, o lo toman o lo dejan, dijo en un momento, según las fuentes consultadas.

El viceconsejero no da fiabilidad al informe de KPMG que encargó la patronal. Ese documento, al que ha tenido acceso la SER – de 65 páginas con anexos incluidos- está elaborado por un perito independiente, previo encargo de la Asociación de Centros y Empresas de Hospitalización Privada de Madrid. En ese estudio se cifra en 2.486,22 euros el precio a pagar por cada paciente COVID ingresado en UCI (para que nos hagamos una idea, el doble, de lo que se acaba de firmar entre el Gregorio Marañón y la Beata Maria). A eso habría que sumar también los 875,59 euros por estancia en planta y los más de 3.2 millones de euros que los hospitales privados han invertido en adaptar sus centros al COVID.

Durante la pandemia, se derivaron a unos 8.500 pacientes, de ahí salen, esos 36 millones de euros que reclaman los hospitales privados.

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El actual viceconsejero, Juan Armengol, que además ostenta el cargo de director general del Servicio Madrileño de Salud, (SERMAS) asegura a la SER que es el quien tiene la exclusividad a la hora de negociar esos pagos porque su firma es la que figurará en las facturas, y así lo pactó con el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, aunque otras fuentes de ese departamento afean la actitud del nuevo viceconsejero porque ha ido por libre. Armengol está convencido de buscar una fórmula para conseguir un pago inmediato, a través de una propuesta intermedia entre la cifra que figura el informe de KPMG y otro estudio realizado por técnicos del SERMAS sobre una estimación del coste que ha supuesto la atención de cada paciente en el sistema público y que, evidentemente, rebaja sustancialmente esos 36 millones.

Sin embargo, según las fuentes consultadas, ese informe ha sido cuestionado por la Abogacía General de la Comunidad de Madrid que incluso, reconocía el derecho de las clínicas privadas a cobrar también el lucro cesante y el daño emergente por los perjuicios que les ha causado la pandemia al no poder atender a sus clientes por esa esa expropiación forzosa de recursos.