San Ginés: "pude haberme equivocado pero prevaricar nunca"

El ex-presidente del Cabildo de Lanzarote y actual consejero portavoz de Coalición Canaria en la Corporación insular, Pedro San Ginés, se ha sentado en la Mesa de análisis con los periodistas Usoa Ibarra, Manuel García Déniz y Sindo Hernández, para explicar cómo afronta el inicio del juicio oral el próximo lunes por presunta prevaricación en el caso de la incautación de la desaladora de Montaña Roja.

En este sentido, San Ginés ha explicado que “lo afronto como no puede ser de otra manera adelantando mi máximo respeto al proceso judicial y a su señoría con la tranquilidad de quien desde luego de manera consciente no ha cometido ningún delito”.

Afirma que “se me acusa de prevaricación y esto es tomar una decisión a sabiendas de su injusticia. Yo puedo haber tomado decisiones más o menos equivocadas, a la postre parece obvio que desde luego acertada no fue, porque de lo contrario no estaría sentado en el banquillo. Pero en ningún caso a sabiendas, justo todo lo contrario. En la creencia de que hacía lo correcto, y asesorado por quien a mi me vinculaba en ese momento en el proceso de toma de decisión”.

Insiste en que “en la acusación que se formula, que por cierto en el peor de los escenarios para mi solo llevaría inhabilitación como cargo público, es decir, no voy a ir a Tahíche como algunos presumen y desean, no lleva pena de cárcel”.

Explica durante la Mesa de Análisis con periodistas que “el denunciante retiró la denuncia y la Fiscalía pidió el archivo, a pesar de todo se mantiene como acusación particular, nosotros entendemos aunque ya tenemos pocas esperanzas, que tampoco existe personado nadie con derecho a hacerlo por cuanto solo existe un auto del juez aceptando la personación del grupo político Podemos en el Cabildo de Lanzarote, cosa para la que no están legitimados los grupos políticos municipales ni insulares, tal fue mi caso en el caso de los Centros Turísticos, o el de CC que el Gobierno permitió la personación de CC, los partidos sí pueden pero no los grupos políticos y solo hay un auto de aceptación de acusación popular del grupo político Podemos. A partir de ahí, un buen día, la acusación popular se transforma en particular de cada uno de los consejeros del grupo Podemos en el Cabildo de Lanzarote que es la única acusación que hay”.

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“Actué asesorado verbalmente por el Secretario del Consejo Insular de Agua, que fue quien emitió la resolución de incautación de la desaladora, en el sentido de que primero bastaba un informe verbal, que no era preceptivo un informe por escrito, segundo que sí que se podía incautar, no digo que me recomendara la incautación, pero sí que ésta era posible. Y por último, que no hacía falta autorización judicial, es curioso porque esto fue compartido por el juez que finalmente me sentó en el banquillo, la primera vez que se presentó la querella contra mí, compartió con la defensa que no era necesaria la autorización judicial para entrar en la planta. Cierto es que luego la Audiencia obligó ante el recurso a reabrir el caso y cambió por las razones que sean, seguramente fundamentadas en Derecho”, afirma el expresidente del Cabildo conejero y asevera que “en todo momento hice lo que me dijeron que se podía hacer, esta es la clave de por dónde va a versar mi defensa en este caso”.

Procedimiento

Cabe recordar que el procedimiento continúa con la acusación particular, ejercida por los ex consejeros del Cabildo de Podemos durante el mandato de San Ginés, Carlos Meca y Pablo Ramírez.

No obstante, el proceso se inició a raíz de una querella interpuesta por Club Lanzarote, aunque la promotora decidió retirarse de la acusación tras la firma de un convenio en la que se vinculaba el abono de un cánon por su actividad.

De otra parte, la Fiscalía, que también tomó parte en la acusación en un primer momento, se retiró tras el archivo de la causa para el letrado Ignacio Calatayud, asesor externo entonces, al entender que no sería llevado a juicio el considerado como “ideólogo” de la incautación de la planta desaladora de Club Lanzarote.

Incautación de la desaladora de Montaña Roja

También ha explicado el origen del caso, cuando era Presidente del Cabildo de Lanzarote, asegurando que “esto se inicia a denuncia de los vecinos ante el Diputado del Común, que lo pone en conocimiento del Gobierno de Canarias, y es entonces cuando se produce toda esta cadena de requerimientos al Consorcio para que actuara ante esta situación irregular. Es verdad que siempre advirtieron de la necesidad de garantizar el abasto, porque cuando se incauta la planta se hace precisamente para garantizar el abasto. Lo suyo habría sido clausurar y punto, pero eso habría dejado sin agua a 6.000 vecinos”.

Es por ese motivo, explica San Ginés, que “se tomó la decisión de incautar con carácter provisional con la intención de conectar la red general a ese Plan parcial. De hecho había unas obras que estaban en curso, el promotor presentó un interdicto, y las paralizó. Nuestra intención era devolver cuanto antes la planta a su promotor que tuvo autorización para autoconsumo, pero nunca para vender a terceros, porque el agua de venta a terceros en todo el país corresponde a los Ayuntamientos, en el caso de Lanzarote solo el Consorcio”.

Recuerda que “hubo unos años que lo hizo a través de INALSA, y finalmente hubo una concesión a Canal Gestión que era y es el único autorizado por la delegación del Consorcio para producir y vender agua en Lanzarote. El Gobierno terminó clausurando esa planta por esa situación irregular, y fue entonces cuando se produjo el acuerdo con los promotores de ese Plan parcial, con Club Lanzarote”.

El juicio oral en el que se acusa a Pedro San Ginés de prevaricación en el caso de la incautación de la desaladora de Montaña Roja dará comienzo el próximo lunes 16 de noviembre.

Escuche la intervención completa en el espacio ‘Mesa de análisis’ de Hoy por Hoy Lanzarote: