Francisco Ruiz Marco, sobre la relación de Ortiz con los exalcaldes: "Hubo compadreo, ¿y qué?"

Alicante

Doce años después de los hechos, en la Audiencia Provincial ha quedado visto para sentencia el juicio por el presunto amaño del PGOU de Alicante, tras presentar el informe de conclusiones definitivas las defensas de Enrique Ortiz y la de los abogados del bufete Salvetti -Javier Gutiérrez y José Luis Castedo, hermano de la exalcaldesa-.

En el caso de Ortiz, para quien se solicitan 8 años de cárcel por los delitos continuados de corrupción de autoridades, tráfico de influencias y prevaricación, su abogado Francisco Ruiz Marco, en la línea de las defensas de los exregidores, asegura que no existe relato de hechos punibles y que todo son "generalidades", porque no se han invocado ninguna norma.

Asegura que se ha montado toda una "ficción" con cuestiones como la compra de terrenos por parte de Ortiz en Fontcalent, que no se llegó a producir, o con dádivas como la supuestamente otorgada a los abogados, que no figuran, dice, en la contabilidad. Concluye que el Ayuntamiento solo era el promotor, pero que "la competencia exclusiva en la ordenación de suelo no urbanizable correspondía a la Generalitat", y por tanto el supuesto tráfico de influencias al ente autonómico sobre el que habría que proyectar .

Según Ruiz Marco, se puede decir que en la relación de su defendido con los políticos hubo "compadreo", pero eso no basta para solicitar las penas que se piden.

Ruiz Marco, por cierto, ha argumentado que "el 50 % de las conversaciones intervenidas a Ortiz presentan graves defectos" para invocar de nuevo la nulidad de las escuchas.

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Por su parte, Bernardo del Rosal, el letrado de los abogados de Salvetti -Javier Gutiérrez y José Luis Castedo, hermano de la exalcaldesa-, ha descartado que sus clientes puedan ser considerados funcionarios, como argumentó el Ministerio Fiscal para añadir la nueva acusación de negociación prohibida a funcionarios públicos.

Tampoco considera probado el cohecho ni que hayan influido sobre nadie, ni que revelasen a Ortiz ningún secreto o le asesorasen proponiendo y resolviendo las alegaciones al Plan General, como sostiene el Ministerio Fiscal. Según este letrado entre los encargos de las empresas de Ortiz de los años 1997 a 2010 no aparecen ellos ni sus mercantiles y añade que en dos años, sus defendidos no tuvieron más allá de 7 u 8 conversaciones con Ortiz, cuando parece que eran "los factótum del urbanismo de Alicante", dice. Niega igualmente que percibiesen hasta 90.480 euros en dádivas.

Para Del Rosal todas esas acusaciones responden "a la posverdad o mentira emotiva" de que los empresarios y la derecha son corruptos. A estos dos acusados, por cierto, se les solicita multa de 20 meses con cuota de cien euros y tres años de inhabilitación para asesorar a la administración pública en materia urbanística.

Junto a Castedo, Ortiz, Díaz Alperi y estos dos abogados también están acusados el constructor Ramón Salvador Águeda, que se conformó en su día con la pena y es el único que ha tomado la palabra en su turno para pedir "disculpas", y tres personas vinculadas a las empresas de Ortiz: su hermano Virgilio, Santiago Bernáldez y Pablo Rico.

La Fiscalía Anticorrupción sostiene que, entre 2008 y 2010 los dos expolíticos del PP recibieron presuntamente diversas dádivas por parte de Enrique Ortiz a cambio de facilitarle información sobre el futuro planeamiento urbanístico de la capital alicantina cuando esos datos todavía no eran públicos.

Entre esos supuestos obsequios figurarían un viaje a Ibiza en el yate de su propiedad, disfrutado por Castedo, estancias en Andorra, un viaje a Creta realizado por el exalcalde, la entrega de viviendas a los hijos de Alperi en el PAU 5 de Alicante, el supuesto regalo de un vehículo Mini Cooper a una persona de la máxima confianza de Castedo o la entrega diversas cantidades de dinero en metálico también al exalcalde, a través de diversos intermediarios.