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La Junta desconocía en marzo cuántas residencias de mayores hay en Sevilla

En la provincia han muerto más de 120 personas en una residencia de mayores desde que empezó la pandemia

Imagen de archivo de una residencia de mayores / CADENA SER

Sevilla

El relato de la Fiscalía de Sevilla sobre las residencias de mayores en la provincia nos dibuja una fotografía de la dejadez en la que la administración tenía a las residencias de mayores antes de que estallara la pandemia y nos describe cómo se han enfrentado sin medios a esta crisis sanitaria.

El 14 de marzo la Junta desconocía cuántas residencias había en la provincia, no las tenía identificadas. No tenían un listado real ni un sistema de comunicación inmediato con ella, como un simple grupo de correo electrónico. La Fiscalía tuvo que realizar una investigación con ayuda de las policías locales.

Dice la Fiscalía que la mayoría de estas residencias no recibieron ninguna información ni directriz sobre el coronavirus hasta el día que se declaró la pandemia, algunas incluso después. La mayor parte había cerrado a familiares y terceros antes del estado de alarma por las noticias que aparecían en los medios. Las pautas de actuación que les dieron fueron nulas o escasas.

En las residencias, como han denunciado sus trabajadores desde el principio, existía un desabastecimiento absoluto de medios materiales cuando se declara el estado de alarma en marzo. Los primeros test se hicieron un mes después de que se decretara ese estado de alarma. Durante ese mes solo pudieron aislar a los que presentaban síntomas. En las residencias de personas con discapacidad los primeros test se hicieron en junio.

En un tercio de las residencias donde murieron mayores no se había hecho una inspección en el año y medio anterior a la pandemia. En los otros dos tercios aparecían incumplimientos graves, incumplimientos de la ratio de personal trabajador, falta de seguros obligatorios, falta de simulacros de incendios, algunas ni siquiera tenían planes de evacuación. Y a pesar de eso el servicio de inspección solo tenía iniciado un expediente sancionador en dos residencias.

El problema, afirma la Fiscalía, es que en la provincia solo hay tres inspectores, que para poder trabajar, destaca el fiscal, deben inspeccionar hasta por teléfono.

Propuestas de la Fiscalía

Es perentorio, señala la Fiscalía, reforzar el servicio de inspección porque las residencias deben tener un control exhaustivo dada la vulnerabilidad de los mayores. Con tres inspectores es imposible, insiste el fiscal. Debe existir un mínimo de material de protección en todos los centros, recoge el escrito.

No le parece adecuado al fiscal que haya residencias abiertas con incumplimientos administrativos graves como la falta de autorización para abrir, falta de cualificación del personal además de la falta de trabajadores que hace que se incumplan las ratios, falta de seguros, falta de simulacros contra incendios, falta de planes de evacuación. Todos estos incumplimientos deben resolverse, concluye el fiscal en su informe.

La Fiscalía también propone que en todas las residencias existan zonas de aislamiento para los enfermos COVID y que se trasladen a espacios medicalizados, fuera, si hay muchos contagios para evitar la propagación del virus. También recomienda la Fiscalía que haya medios telemáticos, de imagen y sonido, para que los usuarios puedan estar en contacto con sus familias.

 
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