PCR y viajeros nacionales, los principales escollos de la orden nacional de control turístico

Tenerife

El decreto ley aprobado en Canarias por el que se exigen test negativos de Covid-19 a los turistas para hospedarse en los establecimientos reglados de las Islas ha comenzado a aplicarse este fin de semana con aires de normalidad. Según las patronales, la campaña de información desplegada en los principales mercados emisores ha hecho que la mayoría de viajeros llegara con esos diagnósticos realizados en origen. Aun así, la operativa para garantizar las pernoctaciones pasa también por establecer convenios con laboratorios en los que hacer las pruebas de manera inmediata a los clientes más despistados. 

En el horizonte queda ahora la entrada en vigor de la orden nacional de control en puertos y aeropuertos a viajeros internacionales, el próximo 23 de noviembre, y que genera grandes dudas entre los miembros del Círculo de Empresarios del Sur de Tenerife. En este sentido, su presidente, Roberto Ucelay, asegura que la norma contiene "un grave error", la imposición de presentar certificados que demuestren la realización de pruebas PCR con resultado negativo. "Hoy en día existen en el mercado distintas alternativas para poder hacer test con una fiabilidad alta y un coste razonable para el viajero". 

Al respecto, el CEST espera que en los próximos días "se pueda ampliar ese tipo de test" así como pone en punto de mira a los turistas procedentes de otras comunidades autónomas, que quedan exentos de llegar a las Islas con pruebas negativas según el texto estatal. Por el contrario, es algo que sí contempla la legislación autonómica, por lo que Ucelay teme un solapamiento de normas: "Todo este control no servirá de mucho si no se aplica a los viajeros nacionales que llegan o vuelven de Canarias".

El Círculo de Empresarios también se ha sumado a la petición de La Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas de reubicar en instalaciones militares a las personas migrantes que son albergadas en hoteles. "Nos sumamos a esta declaración de que el Gobierno central ponga instalaciones adecuadas para las personas que vienen en situación de inmigración ilegal (...) fuera de las zonas turísticas y que sea en edificios públicos, bien del Ministerio de Defensa o en centros de internamiento que en algunas islas están cerrados", concluye Ucelay.