Lunes, 30 de Noviembre de 2020

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Un total de 7 centros concertados de Gandia podrían alterar su funcionamiento con la nueva Ley Celaá

Denuncian que la nueva Ley de Educación anula la libertad que tienen ahora los padres a la hora de decidir el centro educativo que quieren para sus hijos

Vuelta a la normalidad de uno de los colegios concertados de Gandia

Vuelta a la normalidad de uno de los colegios concertados de Gandia / Àlex Oltra

"Preocupación" es la palabra que resume la situación actual de los colegios concertados ante la puesta en marcha de la nueva Ley de Educación, bautizada como la Ley Celaá.

En el caso de Gandia, un total de 7 centros educativos podrían alterar radicalmente su funcionamiento con el nuevo marco normativo, que supone el paso de un sistema educativo público a otro con un carácter estatal, donde la gestión de la educación recae en el Estado.

Ante este panorama, la Coordinadora de las AMPAS de Colegios Concertados de Gandia denuncia que la Ley Celaá anula la libertad que tienen ahora los padres a la hora de decidir el centro educativo que quieren para sus hijos.

La portavoz de esta entidad, Ángeles Calatayud, lamenta esta falta de libertad de los padres. De hecho, en la tramitación de la nueva ley se ha excluido a la comunidad educativa, ya que no serán las familias, sino el Estado, el que decidirá la educación que deben recibir los niños.

Sobre la posibilidad de que desaparezcan los colegios de educación especial, y que tengan que ser el resto de centros los que asuman estos alumnos que precisan de una atención especializada, Calatayud plantea que en el caso de los colegios concertados será necesario implementar más medios, pues en la actualidad carecen de ellos.

La representante de las AMPAS de Colegios Concertados de Gandia plantea que "no es descabellado" que este tipo de centros tengan que cerrar sus puertas en los próximos años si se desarrolla la Ley Celaá como está planteada.

Para evitarlo, Ángeles Calatayud recuerda que existe la plataforma MasPlurales, impulsada por las patronales de la concertada, sindicatos del sector educativo, así como otras entidades que representan a profesores y familias, que están llevando a cabo una recogida de firmas a nivel nacional para detener la aplicación de la nueva ley.

 

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