Pedro San Ginés reitera que incautó la desaladora con asesoramiento verbal

Arrecife

El Palacio de Justicia de Arrecife ha acogido este lunes la primera sesión de la vista oral que el Juzgado de lo Penal número 3 abrió contra el ex presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, por la incautación de una planta desaladora del Plan Parcial de Montaña Roja, en septiembre de 2014. Además de San Ginés, acusado de un delito de prevaricación por el que se pide 12 años de inhabilitación, se sientan en el banquillo tanto el ex secretario cabildicio, Francisco Perdomo, como el ex gerente del Consejo Insular de Guas, José Juan Hernández Duchemin.

Las defensas, con el fin de que la vista no se celebrara, han intentado fundamentalmente desligitimar a la acusación popular, la única que se mantiene a día de hoy, ejercida por dos ex consejeros de Podemos en el Cabildo de Lanzarote. Entendían que ninguno de los dos contaban con una resolución jurídica que les avalara como acusación popular. Recordaban al mismo tiempo que los denunciantes iniciales y propietarios de la planta, Club Lanzarote SA, se retiraron de la causa y que la Fiscalía llegó, en un determinado momento, a solicitar el archivo de la misma. La petición de nulidad no ha quedado desestimada inicialmente sino que la jueza del caso ha afirmado que la legitimidad o no de la acusación popular quedará resuelta en la sentencia.

En cuanto a la abogada de la acusación popular, Nora Ferrer, ha recordado que nadie recurrió, en su momento, un posible error en la personación y además, ha hecho referencia a la "doctrina Atutxa" para justificar que continúe el proceso únicamente con acusación popular "cuando existe interés general" como en los casos de presunta corrupción. Ferrer, por cierto, ha vuelto a poner de manifiesto el hecho de que Ignacio Calatayud, autor del informe externo con el que contó San Ginés, trabajaba también para Canal Gestión Lanzarote en el momento de la incautación.

San Ginés defiende el asesoramiento verbal

Una vez resueltas las cuestiones previas, la vista ha comenzado con la declaración de Pedro San Ginés, quien ha rechazado responder a las preguntas de la Fiscalía y de la abogada de la acusación popular. San Ginés, ha defendido en todo momento que contaba con un asesoramiento verbal por parte del entonces secretario del Cabildo de Lanzarote, además de un informe externo del abogado Ignacio Calatayud pero al que el ex secretario dio el visto bueno, que validaba la incautación y sin autorización judicial.

El ex presidente cabildicio ha señalado que se actuó después de haber incoado un expediente contra Club Lanzarote SA por dos infracciones leves y una menos grave como era, entre otras cosas, producir agua sin autorización, vender agua sin título habilitante y desobedecer la orden de cesar la actividad.

Además, ha recordado que se decidió actuar tras recibir numerosos requerimientos del Gobierno de Canarias y del Diputado del Común para que se actuara ante una situación en la que, alrededor de seis mil vecinos de Playa Blanca estuvieron pagando a Club Lanzarote SA una tarifa más cara que el resto de la isla por el sumistro de agua. San Ginés ha recordado que la red general de suministro de agua no llegaba a la zona y aunque se solicitó a los propietarios de la planta que regularizaran las tarifas, éstos no llegaron a hacerlo.

El ex secretario citó ejemplos en Andalucía

Francisco Perdomo, ex secretario del Cabildo de Lanzarote, ha afirmado que nadie le solicitó formalmente un informe previo a la incautación de la planta desaladora aunque sí ha reconocido que Pedro San Ginés le llamó a su despacho y le consultó sobre una posible actuación de ese tipo.

Perdomo ha asegurado que comunicó al entonces presidente del Cabildo ejemplos de incautaciones realizadas en otros lugares como Andalucía. Por otro lado, ha reconocido que pudo ver el informe externo elaborado por Ignacio Calatayud y decidió darle el visto bueno puesto que pensó que podía amparar la acción jurídicamente hablando.

En cualquier caso, el ex secretario del Cabildo de Lanzarote ha recordado que hasta ese momento se habían recibido numerosos requerimientos para que la institución actuara y a ellos se sumaban incluso denuncias de varios vecinos que residían en la zona.

El ex gerente del Consejo Insular de Aguas apuntó quien podía hacerse cargo de la planta

José Juan Hernández Duchemín, ex gerente del Consejo Insular de Aguas, ha afirmado en la primera sesión que nadie le pidió asesoramiento en esta cuestión y que se limitó a indicar que sólo Canal Gestión Lanzarote podía hacerse cargo de la infraestructura pues el Consorcio Insular de Agua no tenía personal suficiente en ese momento.

Hernández Duchemín sí ha recordado que el primero de varios requerimientos para actuar llegó en 2009 y a raíz de un problema sanitario. También ha afirmado que hubo peticiones a la empresa propietaria para que regulizara sus tarifas y que aunque comenzaron a hacerlo, no llegaron a justificar los precios ante el requerimiento del Gobierno de Canarias y se acabó archivando el expediente.

En la primera sesión también han declarado un agente de la Policía Local de Yaiza y otro de la Guardia Civil que participaron, a modo de apoyo, en el operativo de la incautación. Ambos han coincido en señalar que acudieron a petición de la entonces alcaldesa de Yaiza, Gladys Acuña, quien les manifestó que había una orden del Cabildo de Lanzarote.