España acuerda con Londres y Gibraltar que los trabajadores transfronterizos mantengan sus derechos

Las autoridades de España, Reino Unido y Gibraltar han acordado un procedimiento para que los 15.000 residentes de la Unión Europea que trabajan en Gibraltar, de los que casi 10.000 son españoles, puedan hacer efectivos sus derechos a partir del 1 de enero de 2021, ha informado el Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación.

Exteriores ha aclarado que, por parte española, han intervenido en las reuniones la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, la Junta de Andalucía y la Administración General del Estado.

Este procedimiento pretende llevar a la práctica lo dispuesto sobre trabajadores transfronterizos en el acuerdo de retirada firmado entre Reino Unido y la UE y en el Protocolo sobre Gibraltar acordado entre Madrid y Londres.

El acuerdo de retirada garantizaba el mantenimiento de todos los derechos laborales de que disfrutaban los trabajadores transfronterizos antes del Brexit en virtud de la legislación de la Unión Europa y el Protocolo sobre Gibraltar pretendía "reforzar este aspecto".

Según el sistema acordado, a partir del 1 de diciembre, los trabajadores fronterizos podrán verificar en una web de las autoridades gibraltareñas si están registrados como tales y, a partir del 1 de enero de 2021, podrán pedir si lo desean a las autoridades de Gibraltar una carta que certifique su condición laboral. La carta sólo se expedirá a quien la solicite.

Si algún trabajador no aparece como fronterizo y estima que tiene derecho a ello, podrá dirigirse a las autoridades gibraltareñas exponiendo su caso. En todo caso, Exteriores ha explicado que las autoridades de Gibraltar expondrán los detalles del procedimiento en una publicación.

De este modo, los trabajadores podrán acreditar su identidad en cualquier momento y al entrar en Gibraltar con su pasaporte y DNI españoles o de otro país de la Unión Europea.

Desde el 1 de enero, y mientras mantengan tal condición, los trabajadores fronterizos recibirán el tratamiento a que ya tienen derecho según la legislación de la Unión Europea, a pesar del Brexit.