Permiso a dos de los condenados por la agresión en Alsasua para salir de la cárcel a estudiar y trabajar
El juez ha tomado esta decisión con el visto bueno del fiscal dada la buena conducta penitenciaria de ambos
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Acto de Altsasu Gurasoak cuando se cumplen cuatro años de las primeras detenciones por el 'caso Alsasua' / Servicio Ilustrado (Automático) Altsasu Gurasoak
Pamplona
El juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional ha acordado que Jon Ander Cob y Julen Goicoechea, dos de los condenados por la agresión a los guardias civiles y sus parejas en Alsasua (Navarra) en 2016, puedan salir de prisión a diario para trabajar y estudiar, respectivamente.
El magistrado José Luis Castro ha dictado sendos autos en los que estima los recursos de los reclusos y les aplica el artículo 100.2 del reglamento penitenciario, que permite adoptar medidas de flexibilización del cumplimiento de la condena sin necesidad de acceder al tercer grado.
El juez ha tomado esta decisión con el visto bueno del fiscal dada la buena conducta penitenciaria de ambos, su riesgo de reincidencia bajo y su colaboración y reconocimiento respecto a los hechos por los que fueron condenados en un principio a nueve años, pena que el Supremo rebajó a siete años y medio.
Se ha valorado la buena conducta penitenciaria de ambos, las posibilidades de empleo y su correcta participación en actividades programadas en prisión, además de estar abonando la responsabilidad civil que se les impuso en sentencia, entre otras cuestiones.
Los dos comenzaron en prisión los estudios de psicología y en el caso de Jon Ander Cob ha tenido un destino remunerado como auxiliar de cine, es responsable del comité de actividades dentro de su módulo y ha participado en un curso de panadería.
Julen Goicoechea, por su parte, posee una oferta laboral, es auxiliar en comisión de actividades en el centro y trabajó en prácticas remuneradas como técnico de mantenimiento.
Un "conjunto de variables" que permitió a la Junta de Tratamiento de la cárcel proponer la aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario para que los internos puedan cursar sus estudios universitarios y compatibilizarlos con sus ofertas laborales, según la resolución.
Con todo, aunque el magistrado desestimó en un primer momento las peticiones de los condenados y confirmó para ellos la clasificación en segundo grado, ahora atiende sus recursos de reforma a la vista de la propuesta del centro.
