Colectivos sociales exigen la retirada de la "ordenanza de la vergüenza"

Alicante

En el Día Europeo de los Sin Techo, colectivos sociales de Alicante se han concentrado en la Plaza del Ayuntamiento para mostrar su rechazo a la Ordenanza de Convivencia Cívica que prepara el bipartito y que actúa contra la mendicidad y la prostitución en la ciudad.

Critican que solamente recoge "medidas coercitivas" contra estas personas vulnerables, en lugar de plantear un refuerzo social para sacarles de su actual situación. Mantienen que la iniciativa favorece el uso discriminatorio de los espacios de la ciudad y que criminaliza a estos colectivos vulnerables. Por ello exigen la retirada inmediata de la ordenanza.

Yaissel Sánchez, secretaria general de UGT en L'Alacantí-Les Marines, y Consuelo Navarro, de Comisiones Obreras, entidades participantes, insisten en que lo que se necesita es una mayor intervención social, ampliando recursos e impulsando una red de atención integral. De ahí la importancia de poner en marcha cuanto antes el Plan de Inclusión Social municipal que, denuncian, lleva años guardado en los cajones.

Una reivindicación que apoyan los partidos de izquierdas en el Ayuntamiento que mantienen que la solución a la mendicidad y a la prostitución pasa por una "verdadera política pública de atención" a estos colectivos y no por criminalizarlos sacándolos de las calles.

Desde Unidas Podemos, Vanessa Romero, recuerda que han presentado una declaración institucional al próximo Pleno pidiendo su retirada y ante la cercanía del 25 N, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, recuerda que esta ordenanza será especialmente cruel con las mujeres prostitutas.

Natxo Bellido, portavoz de Compromís, mantiene que es una ordenanza "inútil, injusta, cruel y antisocial que no aporta soluciones" y Paco Sanguino, portavoz socialista, remarca que generará una brecha más grande entre ciudadanos.

Los tres han recordado además a Isabel, la mujer indigente que ha fallecido este pasado fin de semana en la calle, en una tienda de campaña, a las puertas del CAI.

Mientras, el alcalde Luis Barcala ha defendido la medida y asegura que el apoyo asistencial que reclaman estos colectivos se garantizará a través del Plan Municipal de Inclusión Social que se aprobará en breve.