La FAMPA de Castellón cree que la Ley Celáa no soluciona todos los problemas pero que conlleva avances
El sindicato independiente del sector educativo denuncia falta de diálogo, negociación y consenso en la nueva ley de educación
La FAMPA de Castellón cree que la Ley Celáa no soluciona todos los problemas pero que conlleva avances / Javier Quesada - Radio Castellón
Castellón
La semana pasada, el Gobierno aprobó el proyecto de ley de la nueva ley educativa, bajo las siglas LOMLOE. Una votación que contó con 177 votos a favor, 148 en contra y 17 abstenciones, por lo que evidenció las diferencias entre los grupos políticos en el nuevo marco legal.
La Federación de Madres y Padres de Alumnos de la provincia de Castellón considera que la nueva ley educativa impulsada por el Gobierno no soluciona todos los problemas, pero es un paso adelante.
El presidente de FAMPA en la provincia de Castellón, Pep Albiol, ha señalado en declaraciones a nuestra emisora que no es la ley que deseaban, pero han podido recuperar un sistema educativo que se basa en la equidad, en no dejar a nadie fuera del sistema.
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Radio Castellón | El presidente de FAMPA en la provincia de Castellón, Pep Albiol
El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha afirmado hoy que no le parece el camino adecuado" que las comunidades autónomas se alineen en torno a la reforma educativa en función de sus parámetros ideológicos, y ha alertado de que hacer partidismo de la educación es el peor camino. Puig ha reivindicado que gran parte del contenido de esa ley educativa se viene aplicando en los últimos años en la Comunitat Valenciana.
Por su parte, el sindicato independiente del sector educativo, ANPE, en la provincia de Castellón ha señalado hoy en un comunicado que el proyecto de ley que ha omitido los pasos previos para una tramitación de ley orgánica. ANPE considera que la ausencia de diálogo unido a la falta de negociación, hace que esta nueva ley nazca bajo la premisa que será una derogada o modificada cuando se produzca un cambio de gobierno, como ha sucedido con otras leyes educativas.
El sindicato subraya que el castellano deja de ser lengua vehicular y oficial, por lo que atenta contra el derecho de una parte significativa de los alumnos en determinadas zonas de España, al no recibir las enseñanzas obligatorias en su lengua materna.
Además advierten que la búsqueda de promocionar a los alumnos, casi semiautomática quiebra los valores de esfuerzo y mérito, y no es la solución contra el fracaso escolar. ANPE considera que los alumnos de la enseñanza pública serán los más perjudicados por esta medida, fundamentalmente las clases sociales más desfavorecidas, pues no podrán compensar los déficits de aprendizaje.
