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Caso de los ERE

El juez procesa a un exconcejal socialista de El Pedroso por los 34 millones de euros que recibió de los ERE

José María Sayago y el fallecido José Enrique Rosendo crearon supuestamente empresas fantasma para cobrar el dinero

José María Sayago, a la izquierda y su abogado Juan Carlos Alférez / EFE

Sevilla

El juez que investiga las piezas de los ERE, Ignacio Vilaplana, termina la investigación sobre los 34 millones de euros en ayudas concedidos a diferentes empresas de los exconcejales socialistas de El Pedroso, José Enrique Rosendo, ya fallecido, y José María Sayago. Dinero entregado a sociedades supuestamente fantasmas. El juez procesa, entre otros, a Sayago y al exdirector de Trabajo Daniel Rivera.

Vilaplana los considera responsables de los supuestos delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental. Dice el juez que las "ayudas concedidas por los responsables de la Consejería de empleo de la Junta de Andalucía al entramado de sociedades Rosendo y Sayago solo habrían de generar un ilícito enriquecimiento para sus titulares, pues desde luego en modo alguno se otorgaron ni destinaron a la promoción o mantenimiento del empleo o al desarrollo empresarial de sector productivo o económico alguno".

El auto da por extinguida cualquier responsabilidad para el exdirector de Trabajo, Javier Guerrero, fallecido hace poco más de un mes. Guerrero era de El Pedroso, un municipio de la Sierra Norte. De hecho, el magistrado recuerda que "el montante de ayudas concedidas a empresas y entidades de la comarca de la Sierra Norte de Sevilla habría ascendido a la suma aproximada de 51 millones de euros, mientras que en el resto de Andalucía las ayudas a empresas ascendieron a la cantidad aproximada de 25 millones de euros".

"La particular connivencia del entramado Rosendo y Sayago con quien fuera Director General de Trabajo de la Consejería de empleo Javier, se deduce con claridad a resultas del análisis de las ayudas concedidas, diligencias practicadas y el relato de hechos expuesto. En este sentido, con independencia de la evidente ilicitud de la concesión de las ayudas, antes relacionadas, debe destacarse que los empresarios favorecidos estaban ubicados fundamentalmente en la comarca de la Sierra Norte de Sevilla, ámbito geográfico significativamente agraciado por la concesión arbitraria de subvenciones durante la etapa del Sr. Guerrero Benítez como Director General de Trabajo", argumenta el auto.

El juez archiva la causa con respecto a otros cinco ex altos cargos de la Junta de Andalucía ya enjuiciados y condenados en la pieza política como los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández.

 
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