El acuerdo confirmado por la Cadena SER para que la multinacional andaluza Abengoa traslade su sede a Valencia no ha dejado indiferente a la plantilla. La noticia ha generado gran preocupación entre los trabajadores y, por eso, han empezado a solicitar desde los comités de empresa información a la dirección de la empresa sobre este asunto, que se suma a la incertidumbre que arrastran en los últimos meses por el plan de rescate. Curiosamente, en un día marcado por el temor al traslado y a cómo afectaría esa decisión a su futuro laboral, los empleados han ingresado la paga extra que tenían pendientes del mes de junio, por lo que Abengoa se ha puesto al día con las nóminas después de un largo periodo de retrasos. Los trabajadores no han recibido aún respuesta de la multinacional sobre sus planes con la Generalitat. Desconocen también cuál serán los movimientos de la compañía si finalmente consiguen cerrar su plan de rescate: si habrá un nuevo plan de reestructuración o si se venderán activos. De hecho, según fuentes de uno de los comités de empresa, Gonzalo Urquijo, recientemente destituido como presidente ejecutivo de la matriz, no se ha sentado ni una sola vez con los representantes sindicales. Lo hacían con la dirección de Recursos Humanos y convocaba por separado a los comités de las diferentes sociedades. La empresa consiguió evitar entrar en el que hubiera sido el mayor concurso de acreedores de la historia pero dejó a miles de empleos en el camino. En su sede social, en el Campus de Palmas Altas en Sevilla, hay unos mil empleados y antes de esta crisis financiera esta cifra se multiplicaba por tres. De hecho ahora solo mantiene actividad en dos de los cinco edificios que ocupaba. Los empleados de esta compañía reciben con incertidumbre esta noticia pero esa sensación se ha convertido para muchos en su pan de cada día desde que se desatara la crisis en la compañía debido a su deuda multimillonaria. De ser conocida en todo el mundo como un gigante de las energías renovables, se convirtió en una nueva Abengoa de menor tamaño, que redujo notablemente su plantilla, en muchos casos con Expedientes Regulación Temporal de Empleo que se alargaban hasta los 18 o incluso 20 meses. Un tiempo demasiado prolongado que, según fuentes sindicales, provocaba que algunos trabajadores prefirieran el despido para poder cobrar al menos una indemnización en lugar de gastar su paro para reincorporarse tras una larguísimo perido sin garantías tampoco de continuidad. En los últimos días, Abengoa, inmersa en un plan de rescate, ha reclamado el apoyo financiero de 20 millones de euros por parte de la Junta. Tras conocerse el acuerdo para su traslado a Valencia, el Gobierno andaluz reitera «dudas legales» para apoyar a Abengoa y rechaza cometer los «mismos errores» que los gobiernos del PSOE. Sostiene además que una operación financiera de 540 millones no se puede ver comprometida por la cantidad que le pide a la administración andaluza. Manuel Ponce, secretario general de FICA-UGT Sevilla, habla de la posibilidad de que el Estado compense lo que no está poniendo la Junta. «Estamos con la incertidumbre de ver cómo queda la situación de la compañía. Y si la Junta de Andalucía se mantiene sin querer participar en la financiación, veremos la posibilidad de negociaciones con el Gobierno central para que aumente esos 20 millones en diferentes bancos o con el crédito ICO», explica. Ponce no entra a valorar el traslado a Valencia porque asegura que la dirección en Sevilla le ha trasladado que no hay negociaciones con la Generalitat. El departamento de Comunicación de Abengoa no lo admite pero tampoco lo descarta y, a fecha de hoy, sigue sin querer hacer comentarios.