Las contradicciones de Oltra

Alcoi

La vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, es capaz de afirmar una cosa y su contraria con el único objetivo de ocultar una realidad palmaria: su desaparición mientras en los peores momentos de la primera ola de la covid 19 fallecían decenas de residentes de geriátricos que, independientemente del modelo de gestión, estaban bajo su responsabilidad. El descontrol en estos centros fue equiparable al de la verborrea de la consellera.

Oltra, en connivencia con otro desaparecido durante la pandemia, el alcalde de Alcoy, Antonio Francés, intenta por todos los medios diluir su responsabilidad centrando el debate en el sistema de gestión de los geriátricos. Ambos tratan de hacer creer que, en el caso de Alcoy, la solución al fallecimiento de 73 residentes es apartar a la empresa, a la que no hay restar ni un ápice de responsabilidad en la tragedia. La actitud de Oltra contrasta con la negativa de su conselleria a facilitar la documentación que le reclama la Fiscalía dentro de la investigación abierta para determinar por qué el geriátrico de Oliver ha sido el sexto con más muertes de España y el de mayor mortalidad en todo el país.

No se explica que la Fiscalía haya tenido que reclamar por dos ocasiones la documentación oficial de la conselleria. Y menos que, transcurridos unos meses, todavía no la haya recibido. Esta realidad fue denunciada por el Partido Popular en las Cortes Valencianas. La respuesta de Oltra fue acordarse de Rafael Blasco, al frente de la conselleria cuando las ruinas del antiguo hospital de Oliver fueron adjudicadas a una empresa privada para convertirlas en un geriátrico. Oltra prefiere hablar de la gestión administrativa de hace dos décadas a hacerlo de su responsabilidad de control sobre las residencias que hace apenas unos meses fueron la peor morgue de la pandemia. Una nueva contradicción de la vicepresidenta. Que Blasco y otros dirigentes merezcan estar entre rejas no resta responsabilidad a una consellera a la que hay que reprobar, de momento, su actitud obstruccionista con la Justicia.

Mientras la vicepresidenta se jacta de la voluntad de revertir la gestión de la residencia de Oliver, apartando a Domus Vi, su departamento sigue adjudicando residencias a la misma empresa. La última, a principios de este mes, en Valencia: 83 plazas de residencia y 25 de centro de día. Antes, concertó con Domus Vi 210 plazas en la provincia de Alicante.

Oltra mantiene el mismo modelo de Blasco. Ese que demoniza y utiliza para expiar su posible culpa en dramas humanos como la de Oliver. Pese a que Políticas Inclusivas sigue concertando plazas con empresas privadas, la consellera se comporta como si acabase de llegar a la plaza. Como si no llevase cinco años al frente de la gestión de uno de los principales servicios que presta la Generalitat Valenciana. Ofende el nivel de inteligencia que Oltra presupone a los ciudadanos.

La forma de gestionar de Oltra sorprende incluso a los familiares de los residentes. En el caso concreto de Oliver han lamentado que la conselleria no les informase el pasado mes febrero, cuando mantuvieron una reunión sobre las quejas por falta de personal, del expediente que ha culminado ahora con una sanción de 40.000 euros. A los familiares tampoco les cuadra que la concejal de Servicios Sociales de Alcoy afirmase a finales del año pasado que “la conselleria hizo una inspección en noviembre de 2019 y todos estaba correcto”.

Todas estas contradicciones hacen temer que el verdadero interés de Oltra sea desviar la atención hacia el modelo de gestión y no sobre los sistemas de control que debe aplicar la Generalitat para garantizar la correcta atención de los residentes. La vicepresidenta ha emprendido el peligroso camino de revocar el contrato de forma unilateral en lugar de cooperar con la Justicia para armarse de argumentos con los que, llegado el caso, apartar a la empresa sin tener que pagar un ojo de la cara en indemnizaciones. Se trata de seguir lanzando humo y prolongar el debate sobre el modelo de gestión. Esperemos que no se alargue tanto como la apertura del Centro Especial de Enfermos Mentales del Barranquet, anunciada reiteradamente desde 2015 en un alarde de descrédito político sin precedentes.