La ordenanza del IBI se aprueba definitivamente

Aranda de Duero

La Corporación Local arandina aprobaba definitivamente en el último pleno una actualización de la ordenanza municipal que regula el Impuesto de Bienes Inmuebles. El 10 de septiembre se producía la aprobación definitiva de este documento, donde se ha reducido el tipo de gravamen para los inmuebles, tanto de naturaleza urbana como rústica, pasando del 0,675% al 0,648% en el primer caso y del 0,70% al 0,648% en el segundo.

Después de analizar las alegaciones presentadas, la cuestión de los gravámenes se mantiene pero no así otra modificación que planteaba para que se contemplen bonificaciones según la Certificación Energética de los edificios cuando la normativa estatal lo permita. Las dos alegaciones presentadas por parte de IU y de un particular coincidían en pedir la retirada de este artículo, que califican como “un auténtico despropósito”, teniendo en cuenta que actualmente no hay un marco legal que lo sustente. Así lo ha hecho la Corporación, en base a un informe de la secretaria municipal, que lo aconseja “por seguridad jurídica”. La concejal de Hacienda, Elia Salinero, explicaba que con esta modificación se pretendía que el Ayuntamiento pueda aplicar en su momento bonificaciones por otro tipo de cuestiones de eficiencia energética más allá del uso de placas solares, que es lo único que contempla actualmente la normativa nacional.

En las alegaciones presentadas por el particular, además de la falta de un marco legal, añade como argumento en contra de esta modificación “el hecho de no contar con el más elemental estudio de impacto económico en las arcas públicas ni fijar un límite temporal a la aplicación de la medida”. En la cuestión económica se basa también para alegar contra la bajada del gravamen y contra la bonificación del 3% en la cuota íntegra por la domiciliación bancaria de los recibos, que considera que “supondrá una reducción próxima al 7% en la recaudación y, por tanto, de la capacidad de gasto del ayuntamiento de varios cientos de miles de euros, poniendo en peligro cierto la prestación de los servicios básicos y obligatorios, lo que nos aleja de las más elementales prácticas de buen gobierno que debe tener cualquier administración con su ciudadanía”, detalla en sus argumentos.

Estas otras alegaciones no fueron aceptadas por el Pleno. Elia Salinero venía a decir en su intervención que un particular, sin base legal alguna según el informe de la secretaria, no puede enmendar la plana a la Corporación.