El Santander cerrará una de cada tres oficinas en Galicia, según cálculos sindicales
Expertos exigen formación digital para evitar la exclusión financiera de muchos usuarios
A Coruña Opina (29/11/2020)
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A Coruña
La mesa de negociación del nuevo Expediente de Regulación de Empleo (ERE) del Banco Santander se reúne este martes. Un expediente que supondrá, según las primeras estimaciones de los sindicatos, el despido de más de 5.000 empleados en toda España. Falta que la entidad concrete su afección por comunidades autónomas. Se cerrarán 79 oficinas en Galicia, 39 en la provincia de A Coruña. A partir del 17 de diciembre comenzarán a ejecutarse las salidas "voluntarias". La entidad presidida por Ana Botín propone prejubilaciones a partir de los 55 años.
Es un ERE que se enmarca en la nueva ola de fusiones bancarias, si bien el BBVA y el Sabadell acaban de romper sus negociaciones. La CIG, sindicato mayoritario de la banca en Galicia, considera que existe una imposición a los clientes hacia la digitalización para justificar el cierre de oficinas, con el cobro además de comisiones abusivas, según ha afirmado en el programa "A Coruña opina" de Radio Coruña Cadena SER, Maite Freire, delegada de la CIG en el Santander en la ciudad.
La asociación de usuarios de banca Adicae subraya que 2 de cada 3 usuarios de bancos, mayores de 65 años, no utilizan Internet. Los cambios en los hábitos bancarios por parte de los usuarios y la implantación de las nuevas tecnologías a través de las FINTECH, empresas de tecnología financiera, requiere una formación digital que, en opinión de los expertos, no existe. Es fundamental su regulación para evitar la exclusión financiera, según ha puesto de manifiesto el catedrático de Historia e instituciones económicas de la Universidade da Coruña, Carles Maixé.
El 2% de la población, sobre todo del rural, no tiene cajeros cerca, según Adicae. Esta organización aplaude la reciente aprobación por parte del Parlamento Europeo de la directiva sobre acciones colectivas. En su opinión es la única vía de solución a conflictos y fraudes masivos, como el cobro de comisiones abusivas o las cláusulas suelo. Instará al Gobierno y al Parlamento a una "rápida transposición que permita superar las actuales barreras existentes en España".
