Una profesora de Infantil de Murcia con inmunodepresión denuncia a Educación por obligarla a dar clase
La profesora, que quiere mantener su anonimato, denuncia que la consejería le impide el teletrabajo pese a su especial vulnerabilidad
Murcia
Una profesora de Educación Infantil de Murcia que sufre una inmunodepresión debido a un trasplante renal ha llevado a los tribunales a la Consejería de Educación por impedirle realizar teletrabajo, debido a su especial vulnerabilidad ante el riesgo de contagio del coronavirus.
Entrevista a Fernando Losana, abogado de la maestra que ha denunciado a Educación
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Su pretensión es que la Consejería le asigne un puesto con teletrabajo u otro en el que no tenga que mantener un contacto directo con alumnos. Desde la consejería de Educación le han ofrecido el traslado a Primaria, porque los alumnos con más de seis años ya están obligados a usar mascarilla. Fernando Losana, su abogado, lo ha contado a Hoy por hoy.
Desde la Federación de Enseñanza de CCOO afirman que han recibido numerosas llamadas de docentes, algunos incluso han consultado a los servicios jurídicos de este sindicato, sin embargo, no tienen constancia de que hayan llegado a presentar denuncia como el caso que nos ocupa.
Educación, que ha rehusado hablar en la SER, asegura que sí se le aprobó una readaptación del puesto como profesora de Primaria, pero fue el director de su centro escolar el que comunicó que no había vacante. Ante este hecho, nos dice la consejería, se le facilitará un puesto en otro centro educativo, algo que aún no ha sucedido hasta que la docente, en situación actual de baja por enfermedad, vuelva a estar en activo.
Radio Murcia ha tenido acceso al último informe del servicio de prevención de riesgos laborales de la consejería de Educación y Cultura, que incluye datos hasta el 30 de septiembre.
Según este informe el número de trabajadores especialmente sensibles a la covid-19 comunicados al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de Educación y enviados a PREVEMUR ascendió a 2.436, de los que 1.833 eran personal docente y 603 personal no docente.
En este informe se explica que "tras la imposibilidad de adoptar las medidas de prevención y protección establecidas para el personal vulnerable, se realiza una segunda adaptación que puede conllevar el paso a incapacidad transitoria".
Tras esta segunda adaptación, según los datos recogidos en este informe, se presentan un total de 112 solicitudes de incapacitación temporal. De ellas: 18 son aceptadas por imposibilidad de adaptación al puesto, otras 26 también son admitidas, 19 estaban pendientes de tramitación y 49 fueron denegadas "por no ajustarse su solicitud a lo previsto por el Ministerio de Sanidad en el procedimiento de actuación para los servicios de prevención de Riesgos Laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2".