¿Para cuándo una auditoría de la gestión de la pandemia?

Albacete

En marzo de 2020, el coronavirus conocido como SARS-COV2 se declaró pandemia por la Organización Mundial de la Salud por la cantidad de países que se estaban viendo afectados. Concretamente, en España, la situación en los hospitales desbordó la capacidad que tenían para asumir pacientes, sobre todo en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). Esta situación de colapso sanitario provocó que se tuvieran que tomar medidas drásticas, ya que nos encontrábamos en una situación especial que se conoce como de "medicina de catástrofe".

Ante recursos limitados los profesionales de la medicina se han visto obligados a priorizar a aquellas personas que tienen mayor probabilidad de supervivencia y con más años de vida a ganar debidos al tratamiento médico recibido.

Hasta ahora, en relación con esta decisiones tan drásticas, ha habido una falta de transparencia política y una gran opacidad en cómo se han tomado. En mi opinión, habrá que hacer, más pronto que tarde, una auditoría de la gestión de la pandemia con el fin de analizar el proceso para establecer líneas de mejora ante situaciones futuras, pero también para asignar responsabilidades. Sobre todo en la esfera sanitaria, pero no solamente en esa. Hay otras decisiones vinculadas con la pandemia que habrá que analizar cómo se han llevado a cabo, como en materia educativa, de promoción económica o de atención social.

Además, no solo es importante considerar qué se ha hecho a lo largo de la pandemia, sino también previamente a la misma. La auditoría de la gestión de la pandemia deberá analizar en qué medida el sistema sanitario estaba correctamente dimensionado para hacer frente a una situación como la que se está viviendo. Quizás esta dimensión, vinculada con la asignación de recursos económicos, lleva a que las decisiones relativas a una medicina de catástrofe no se tengan que tomar o se haga lo más tarde posible. Por lo tanto, no solamente están influenciadas por criterios éticos, morales o sanitarios, sino también económicos.

En mi humilde opinión, creo que no es ético, ni moral, ni profesional que los errores cometidos por nuestros políticos deban de ser pagados a base de privar a ciertas personas de uno de los derechos fundamentales, el derecho a la vida, solamente por el hecho de no tener el sistema dimensionado para hacer frente a una situación de emergencia como la derivada de la pandemia por la COVID-19.

Alguien deberá explicarnos a la sociedad cómo ha sido la gestión de los recursos públicos que hemos puesto a disposición de nuestros gobernantes.