"Libertad de enseñanza y educación concertada"

Albacete

A la luz del acalorado enfrentamiento que se está produciendo a costa de la elaboración de una nueva ley de Educación es muy necesario, antes de opinar y tomar partido, que leamos y no nos dejemos llevar por el primer “todólogo” o líder mediático que, por cuestiones partidistas o sectarias, pretenda convencernos. Ya sabemos la importancia que tiene una mentira repetida y alentada y el rédito que producen mantras indemostrados como lo de que “son ya muchas leyes de educación”, y a ésta le falta “consenso”, cuando la anterior sólo tuvo cinco votos más. Obviamente, sería deseable alcanzar una estabilidad en materia de educación por tratarse de una piedra angular de la sociedad, pero eso solo se puede conseguir con voluntad de diálogo y con lealtad al bien común. Basta ya de acusar al oponente de politizar o ideologizar como si fuese la mayor descalificación posible, porque lo único que se consigue es desacreditar a la política y confundir a la sociedad. Ojalá y el debate en cuestión fuera sobre el modelo educativo a establecer, con más filosofía e idiomas reforzados, y no lo camufláramos con intereses económicos, porque lo que hay detrás son negocios y mercantilismo. Además, el eslogan de la libertad para justificar nuestras posturas produce escalofrío sólo con pensar de dónde viene y a qué se parece.

La primera batalla entre la jerarquía católica con un gobierno socialista fue a costa de la LODE, en 1985, que se saldó con concesiones económicas y normativas a la escuela privada católica y la institucionalización de la enseñanza privada concertada, sostenida con fondos públicos, por la falta de recursos del Estado.

El siguiente conflicto fue con la LOGSE, de 1990, donde la asignatura de Religión quedaba establecida como obligatoria para el centro y optativa para el alumno. Después del paréntesis de la LOCE de Aznar, que contó con los parabienes de la jerarquía eclesiástica, la protesta católica reverdecería con la LOE, de 2006. El PP en la oposición apoyó a la Iglesia contra la asignatura de Educación para la Ciudadanía, con propuestas de objeción y movilización de los católicos. La LOMCE de Wert acabó con la asignatura y se aprobaron materias alternativas para evitar la deserción de alumnos. Frente a la defensa del monopolio moral de la Iglesia católica se utilizaba la acusación de que el Estado adoctrinaba ideológica y moralmente a los alumnos. El mundo al revés porque se tildaba de adoctrinamiento al oponente mientras se defendía una asignatura obligatoria como la doctrina católica. Sin embargo, los desencuentros se detuvieron en el ámbito financiero con generosas concesiones económicas a través del IRPF.

La financiación pública de la educación concertada se ha triplicado, casi el doble de lo que aumentó el gasto en la red pública, pero la concertada no es más eficiente en términos económicos ni educativos. Segrega por motivos económicos y de sexo y cronifica las desigualdades sociales porque selecciona a su alumnado, sobre todo, en comunidades autónomas con rentas per cápita altas y/o una larga tradición de gobiernos populares.