La reforma del delito de sedición

Albacete

Los diarios de hoy, 2 de diciembre de 2020, abren con la noticia de que el Gobierno se plantea seriamente reformar el delito de sedición, cosa que ha enojado a algunos.

Pero si repasamos la historia nos percataremos de que ya en el siglo XIX se condenó como sediciosos a quienes se manifestaban contra el impuesto de consumos, una especie de mini tasa aduanera que se cobraba al entrar en las ciudades y por ello recibía el nombre de "derecho de puertas". Y descubriremos, también, que durante el siglo XX, en la dictadura, muchos huelguistas dieron con sus huesos en prisión como sediciosos, sobre todo si se trataba de una huelga de servicios públicos, a cuyos empleados se les militarizaba.

Con esos precedentes tan antidemocráticos llegó la reforma del todo el Código Penal en 1995 y ya entonces se habría debido derogar la sedición porque su literalidad chocaba frontalmente contra el derecho constitucional de reunión pacífica, de manera que podía condenarse a quienes se manifestaran de manera tumultuaria con fines tan solidarios como impedir el desahucio de una familia pobre.

Pero el Código Penal mantuvo en vigor ese viejo delito sin que preocupara a nadie (aunque en mi caso propuse públicamente su derogación en 2007); y no preocupaba porque los jueces lo dejaron aparcado, sin aplicarlo nunca. Al llegar el Procés y toda su parafernalia judicial, el Tribunal Supremo se agarró a la sedición para castigar duramente a sus protagonistas, una vez comprobado que no podía condenarles por rebelión.

Así pues, que nadie se llame a engaño ni agite espantajos anticatalanes: la reforma de este delito, que se propone hoy mismo, era obligada ya hace 25 años, con independentistas o sin ellos, porque los errores manifiestos del independentismo catalán no deben provocar, encima, que mantengamos una legislación penal absolutamente obsoleta.