Proceso de Burgos

Albacete

Hace ya cincuenta años que tuvo lugar el proceso de Burgos, juicio militar que sentó en el banquillo a 16 personas vinculadas con ETA sobre quienes pendían duras penas: seis condenas de muerte y 752 años de cárcel. La vista del consejo de guerra se celebró en diciembre de 1970. Se les acusaba de las muertes del policía Melitón Manzanas, el Guardia Civil José Pardines y el taxista Fermín Monasterio, y del robo de más de 30 millones de pesetas.

La dictadura franquista había entrado en una fase crítica pero todavía presentaba una imagen relativamente fuerte. Fue un punto de inflexión que demostró su debilidad y división ante el nacimiento de ETA; la presencia de una oposición muy organizada (sobre todo el PCE y los Sindicatos); la movilización de las Universidades; la oposición de la Iglesia Vasca y parte de la española; y la opinión internacional una vez más en contra. También dentro del régimen se registraban discrepancias aperturistas.

La expresión de esa debilidad fue el aumento de la represión: 1969 había terminado en el País vasco con 1.953 detenidos y 300 exiliados. El Tribunal de Orden Público había condenado con 223 años de cárcel a 93 militantes de los ilegales partidos políticos, y se habían realizado dos Consejos de Guerra. En 1970 la tensión aumentó con más de 1.500 huelgas y 400.000 huelguistas en el País Vasco, Barcelona, Asturias, Madrid, Sevilla o Granada y 19 destacados dirigentes de la oposición fueron detenidos. Pocos meses después se endurecería aún más la Ley de Orden Público y el 14 de diciembre el ministro de la Gobernación Garicano Goñi declaró el 10º Estado de Excepción.

La mayoría de los encausados acabaron renegando de ETA, en cuyo seno también se estaba generando una división entre los que apostaban por la violencia o la política, como Euskadiko Ezkerra, una formación que acabaría integrándose en el PSOE.

Se trató de un error de cálculo del régimen. El juicio despertó un tremendo interés entre los medios de comunicación europeos, que en muchos casos lo presentaron como un juicio contra el franquismo en vez de contra ETA que, con muy poco tiempo de vida y dividida a raíz de la "VI Asamblea", salió fortalecida. Abogados defensores como Gregorio Peces-Barba presentaron a los acusados como víctimas del régimen. Entre los inculpados se encontraban dos religiosos, lo que obligó a la reacción de la Iglesia y la protesta del Vaticano. La presión internacional fue muy fuerte - ETA secuestró paralelamente al cónsul honorario de Alemania Federal en Donostia-, aunque la sociedad española apenas se movilizó fuera del País Vasco y Navarra. Las protestas se sucedieron en Euskadi. El 4 de diciembre las Fuerzas de Orden Público hirieron a un joven trabajador, Roberto Pérez Jauregui, en una manifestación y falleció cuatro días después. Luego vendría la muerte del estudiante Enrique Ruano. Hasta dentro del régimen -el hermano mayor del Caudillo Nicolás Franco-, se abogó por la conmutación de las penas