El juzgado deniega que la CARM consigne judicialmente el alquiler de la desaladora de Escombreras

Murcia

A través de un auto notificado este jueves a las partes, el juzgado de instrucción número Cinco de Murcia señala que no se dan los requisitos necesarios para atender lo solicitado por el letrado de la administración regional.

Los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma habían pedido autorización al juzgado para consignar judicialmente las cuotas que pagan a la empresa Hydromanagement en cumplimiento del convenio suscrito con la misma en 2006.

Entre otros argumentos que recoge la resolución judicial para justificar su decisión se encuentra el hecho de que el auto de transformación de las diligencias en procedimiento abreviado está pendiente de resolución de los recursos presentados por varios de los investigados.

En cuanto a la petición hecha por la fiscalía de exigir la prestación de 900 millones de euros para asegurar el pago de las responsabilidades civiles que pudieran derivarse del caso, el juzgado comenta que el riesgo no existe, al estar detrás un grupo importante y solvente como es ACS, constructora de la planta.

En esta causa se investiga la posible comisión de los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude, fraude de subvenciones y falsedad, que se habrían cometido, presuntamente, en las actuaciones desarrolladas en torno al proyecto de construcción de la desalinizadora y su posterior puesta en marcha.

En la causa principal figuran como investigados ocho empresas y 17 personas físicas, entre las que se encuentra el exconsejero de Agricultura y Agua Antonio Cerdá.

De forma paralela, en otro juzgado de instrucción de Murcia se tramita una pieza separada que afecta únicamente como investigado al que fuera presidente del gobierno regional Ramón Luis Valcárcel