La oposición exige explicaciones a Gema Igual por el "escándalo" de las cláusulas abusivas
PSOE y Unidas por Santander van a exigir una comisión extraordinaria para conocer el tipo de contrato que impone la SVS a los inquilinos de una VPO
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Daniel Fernandez, portavoz socialista y Miguel Saro de Unidas por Santander / Archivo
Santander
La oposición en el Ayuntamiento de Santander ha reaccionado al contenido de la sentencia que considera abusivas las cláusulas que la Sociedad de Vivienda y Suelo de Santanderimpone a los inquilinos de sus viviendas protegidas.
En la sentencia, a la que ha tenido acceso la Cadena Ser, el juez considera que el contrato suscrito recoge cláusulas que son abusivas y contrarias a la Ley de Arrendamientos Urbanos.
Contrato, que exige a la arrendataria dos meses de fianza; le imputa, además, los gastos del IBI, de la comunidad de propietarios y le obliga a sufragar la reparación de los electrodomésticos.
El PSOE mantiene contactos con otros grupos municipales para exigir la convocatoria de una comisión extraordinaria de Vivienda. La oposición, en bloque, exige al concejal del área, César Díaz que dé cuenta del contenido de la sentencia, que tilda de “abusivas” las cláusulas del alquiler de una VPO.
El contrato en cuestión exige al arrendatario dos meses de fianza -la Ley de Arrendamientos Urbanos sólo obliga a pagar un mes-. Le obliga a la inquilina a pagar los gastos del IBI y de la comunidad de propietarios e incluso, a sufragar otros desperfectos (fregadero, nevera o campana extractora). Cláusulas, indica el juez en la sentencia, que son “obligación” del arrendador y más teniendo en cuenta, dice textualmente, que se trata de un contrato de alquiler social.
El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Daniel Fernández, ha avanzado que ya están en conversaciones con otros grupos municipales para pedir la convocatoria de la comisión y “aclarar cuántos contratos como este” ha suscrito el Ayuntamiento. “La Sociedad de Vivienda y Suelo no puede ser un promotor que especule”, ha indicado.
Por su parte Unidas por Santander ha tildado de “bochornoso” que un juez tenga que anular algunas de las cláusulas de unos contratos que, “en teoría, deberían de proteger a los arrendatarios”.
Los regionalistas están molestos por no haber informado al respecto de dicha demanda que “data del 2019”, teniéndose que enterar “por sorpresa” a través de los medios de comunicación, por lo que consideran una absoluta falta de respeto la actitud adoptada por la presidencia de este consejo al “omitir información”.
