El desahucio de una vida entre dos crisis que ahogan a un pequeño empresario

Tacoronte

Si hace treinta y ocho años le dicen a Mauro Delgado que iba a ser desahuciado nunca lo habría creído. El 2020 ha sido catastrófico porque concluye, en parte, un "extenuante" proceso judicial derivado de la crisis financiera del 2008, acentuada en 2017 y que se solapa con la sanitaria de este año.

"Comprendo cuando ves en los medios de comunicación estas cosas cuando les pasan a otros, no llegas nunca a saber lo que se siente", dijo entre sollozos el propietario de Confecciones Tacoronte que abrió hasta cinco tiendas y en su mejor momento mantuvo cuarenta y siete empleados.

Las islas pierden 11.000 millones de PIB por el impacto del Covid19 según el análisis publicado este fin de semana en Cinco Días. En paro o sostenidos por un 'erte' se encuentra también un 35% de su población activa: 270.000 desempleados (25%) y casi 84.000 asalariados afectados por un expediente temporal de empleo. Es decir, 354.000 canarios en edad de trabajar, pero sin poder hacerlo, sumaban las islas al finalizar noviembre.

El empobrecimiento no es solo de las capas más vulnerables de la sociedad; también reduce la clase media. La historia de Mauro y su familia es la del reflejo de toda una década de dificultades. Cuando amaneció el viernes en Tacoronte, esperaban en el exterior de la vivienda. A las nueve y media de la mañana la Guardia Civil pedía permiso para entrar en la vivienda. Escoltaban a la funcionaria del Juzgado de La Laguna que iba a certificar el desahucio y al procurador de CaixaBank que asumiría la propiedad. 

"Esto es ley" consolaba Delgado a su compañera de vida, María Candelaria, mientras caminaban juntos hacia la puerta para recibirlos. Ella también es propietaria de la empresa, aunque asegura que la justicia no ha tenido en cuenta su igual condición de avalista. Con la esperanza de que se paralizara el desahucio a última hora y no abandonar su hogar, María Candelaria no entiende cómo una deuda de 270.000 euros que pudo ser pagada no se resolvió.

"Todo se pudo haber evitado porque nunca nos hemos negado a pagar", afirmó María Candelaria minutos antes de salir de la que fue su casa por última vez. "El banco tenía unas cláusulas abusivas que no podíamos pagar; solo queríamos que nos bajaran la cuota, presentamos los papeles y nos dieron largas hasta que llegó la ejecución".

"El pequeño empresario necesita apoyos económicos", dice Mauro. "Quien sigue adelante con su actividad tiene moral para seguir trabajando. Me gustaría que mi hija continuara con la empresa y que luche por ello. Intento darle ánimos y que salga adelante. Pienso que puede ser siempre y cuando el Estado pueda echarle una mano".