El Gobierno asturiano ve insuficiente el estatuto electrointensivo para la industria regional
El Ejecutivo ha asegurado en un comunicado que "en su versión actual las empresas con mayores consumos de energía, como la gran industria asturiana, tienen un bajo descuento en su tarifa"
Asturias
El Gobierno del Principado ha advertido de que el estatuto electrointensivo aprobado este martes por el Consejo de Ministros ofrece un bajo descuento en su tarifa energética para las industridas radicadas en Asturias que tienen un alto consumo eléctrico como la siderúrgica ArcelorMittal o la metalúrgica Asturiana del Zinc.
En un comunicado, el Ejecutivo asturiano ha subrayado que su primera valoración, a la espera de analizar el articulado de la nueva norma, "no es favorable". "No cabe duda de que la aprobación de una herramienta de política industrial es positiva, pero entendemos que hay que calibrarla y dotarla adecuadamente porque en su versión actual las empresas con mayores consumos de energía, como la gran industria asturiana, tienen un bajo descuento en su tarifa", ha expuesto el Gobierno del Principado.
El Ejecutivo asturiano había presentado varias alegaciones pactadas con los Gobiernos de Galicia y Cantabria, que pedían, entre otros aspectos, la consideración de las industrias hiperelectrointensivas, como ArcelorMittal o Asturiana del Zinc.
Según ha destacado el Gobierno central, el Estatuto de los Consumidores Electrointensivos, que llevaba pendiente de aprobación desde abril de 2019, beneficiará a 612 empresas de alto consumo eléctrico, rebajando su recibo de la luz y elevando así su competitividad. Este retraso se debe a que el Gobierno decidió revisar el proyecto de estatuto después de que la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) advirtiera de que los mecanismos que incluía podían constituir ayudas de Estado incompatibles con la legislación europea.
Según Industria, el Estatuto aprobado dota a los grandes consumidores de electricidad de un marco jurídico y económico que proporciona seguridad y certidumbre a sus costes energéticos y mejora su competitividad internacional (al disminuir el diferencial del precio que pagan por la luz respecto con competidores de otros países como Francia o Alemania), "todo ello de conformidad con la normativa comunitaria".
En total, según el Ministerio, beneficiará a 612 empresas de más de 60 actividades industriales, que suman unos 300.000 trabajadores, y, junto con las compensaciones por costes de emisiones indirectas de CO2 (dióxido de carbono) y el Fondo Español de Reserva para Garantías de Entidades Electrointensivas, "supondrá un nuevo marco legal al servicio de la gran industria".