El Gobierno foral no entra a evaluar la actuación del consejero Ayerdi en el caso Davalor
El Ejecutivo considera que no debe entrar en actuaciones previas a la legislatura en curso y respalda la labor realizada por el consejero Ayerdi desde que asumiera sus actuales funciones en 2019
Pamplona
El Tribunal Supremo decidirá en los próximos días si cita o no como investigado al consejero de Desarrollo Economico y Empresarial, Manu Ayerdi, por su implicación en el conocido como caso Davalor. A pesar de que UPN presentó la querella en junio de 2020, las actuaciones que investigará el Alto Tribunal se realizaron durante la anterior legislatura de Uxue Barkos (Geroa Bai), en la que Ayerdi era consejero y vicepresidente primero.
El actual Ejecutivo foral -presidido por María Chivite, pero cuyo socio principal es Geroa Bai- ha manifestado hoy que esperará a conocer qué decisión adopta el Supremo. No obstante, no quiere entrar a valorar las actuaciones presuntamente realizadas por Manu Ayerdi como principal responsable de la empresa pública SODENA -financiación con hasta 2,6 millones de euros a la empresa Davalor Salud, en complicada situación financiera y con deudas con Hacienda y la Seguridad Social-.
El vicepresidente del Ejecutivo foral, Javier Remírez ha explicado que "a este Gobierno le corresponde evaluar las actuaciones de los consejeros desde su toma de posesión en agosto de 2019. Como gobierno estamos muy satisfechos con la labor que está desarrollando el consejero Manu Ayerdi. Respecto a lo ocurrido en situaciones precedentes, es una cuestión que no toca valorar al actual Gobierno de Navarra".
Remírez sí se ha referido a la carta enviada por el consejero Ayerdi a la presidenta María Chivite, en la que le expresaba su "voluntad firme" de dimitir en caso de ser citado como investigado por el caso Davalor y le solicitaba que, llegado ese supuesto, le concediera una semana de plazo antes de dejar su cargo para elaborar un informe de situación y despedirse de sus colaboradores. El vicepresidente opina que "es una decisión que alaba mucho su posición, su compromiso, su ética y su transparencia".
Hay que recordar que el artículo 68 de la Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, obliga a cualquier cargo electo o de confianza a dimitir si es citado como investigado o con una fórmula jurídica similar en un proceso en el que se enjuicie un delito de corrupción. Este artículo fue reformado durante la legislatura de Uxue Barkos y refrendado por unanimidad en el Parlamento de Navarra. Precisamente Remirez se ha referido a esa unanimidad para expresar que el Ejecutivo foral no cuestiona la norma.
Es preciso puntualizar que ser investigado en un procedimiento judicial no significa que se le impute a una persona la comisión de uno o varios delitos. El tribunal puede citar a dicha persona como investigada y luego proceder al archivo de la causa por considerar que no se ha vulnerado la normativa vigente ni se ha cometido delito alguno.