Lunes, 29 de Noviembre de 2021

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Los juzgados revisan un presunto delito electoral en Candín de hace diez años

El socialista acusado perdió la contienda electoral en 2011

El juzgado de Ponferrada revisará este viernes la causa

El juzgado de Ponferrada revisará este viernes la causa / Radio Bierzo

Después de nueve años y dos intentos anteriores de juicio, el juzgado de lo Penal de Ponferrada tiene fijada para las diez de la mañana de este viernes y si no hay más imprevistos, la vista en la que se revisará la denuncia tramitada hace casi un década por una familia de Sorbeira que denunció por presunto delito electoral y prevaricación administrativa al por entonces alcalde socialista de Candín, Pablo Rubio Ortega. La acción ante la Fiscalía se produjo después de meses de polémica en torno a los empadronamientos en el municipio de Candín en el periodo preelectoral de las municipales del año 2011.

Según se recoge en la denuncia, la esposa y dos hijas del matrimonio habían pedido el empadronamiento en septiembre de 2010 pero no aparecían en el censo electoral al que sí se había adscrito al marido y padre que solicitó sin éxito el reagrupamiento para poder votar en Sorbeira.

Entre las supuestas irregularidades detectadas en la Instrucción, se recogen la constatación de varios empadronamientos en pueblos en los que ni siquiera había habitantes como Villarbón. Además, se apuntó a la posibilidad de que el alcalde residiese en Fabero, aunque supuestamente tanto él como su familia estaban censados con la dirección del ayuntamiento de Candín, al margen de que su vivienda habitual estuviese en Fabero.

Se da la paradoja de que Pablo Rubio perdió en esa contienda electoral el gobierno municipal en el que estaba desde el año 1983. Desde 2011 es el PP el que ha cogido las riendas del consistorio con Antonio Cachón al frente.

La acusación pide que sea condenado por tres delitos distintos, uno por cada miembro de la familia con lo que sería condenado a 20 años de inhabilitación, mientras que el Ministerio Fiscal unifica los delitos y pide 9 años y 6 meses de inhabilitación por un delito de prevaricación administrativa en relación con un delito electoral. Dado que no se solicitó el cumplimiento cautelar de la condena, su aplicación, en el caso de que la sentencia corrobore el delito, empezará a contar desde el momento en el que sea pública.

La vista se celebrará a las 10 de la mañana en el palacio de Justicia de Ponferrada.

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