Pablo Rubio acatará la sentencia por presunto delito electoral "porque con 70 años me da igual"
Se enfrenta a una pena de 9 años y seis meses de inhabilitación para cargo público
Ponferrada
Después de nueve años, este mediodía el juzgado de lo Penal de Ponferrada ha revisado el procedimiento por prevaricación administrativa en relación con un delito electoral contra el exalcalde socialista de Candín, Pablo Rubio, una vista en la que la acusación particular se ha adherido finalmente a las calificaciones de la Fiscalía, por lo que ambas partes solicitan para él nueve años y seis meses de inhabilitación.
El paso del tiempo no ha cambiado la versión de inocencia del exalcalde que en la contienda precisamente de 2011 perdió las elecciones que le habían mantenido en el cargo de regidor desde el año 1983. Por eso y porque entiende que los informes solicitados al SAM le llevaron a impedir el empadronamiento de quienes, según él no cumplían los requisitos, le deja, asegura libre de culpa. De hecho, considera que perder los comicios "es precisamente una prueba de que no había ningún interés por su parte en permitir o no empadronamientos". Es más, dice que "lo volvería a hacer porque considera que actuó correctamente y acorde con lo que le pedían los informes". Tampoco ve más inconveniente en una sentencia condenatoria porque "a mis 70 años, me da igual una inhabilitación que no me afecta", indica.
Los demandantes, tres de los cuatro componentes de una misma familia a quienes se les impidió empadronarse en Sorbeira también han estado presentes en la sala en la que se ha recordado que incluso se les negó la petición de reagrupamiento con lo que sólo se permitió votar al cabeza de familia.
La denuncia de esta familia destapó además en el proceso de Instrucción otras irregularidades como empadronamientos en localidades como Villarbón en las que no había habitantes, o la sorprendente residencia del propio alcalde y su familia, que figuraban con domicilio en la casa consistorial algo que el exalcalde justificó como una opción que se le había concedido de ocupar la casa del médico.
El representante legal del ayuntamiento de Candín, que finalmente no ha podido participar en el juicio, lamenta que los propios vecinos sean los que tengan que acudir a la justicia cuando realmente" hay procedimientos internos que deberían evitar que se produzcan estos hechos, o lo que es lo mismo que la arbitrariedad de los alcaldes estén por encima de los requisitos legales", dijo Manuel Casero.