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El Supremo confirma la anulación de la cesión de un terreno para uso agrícola en Villoldo

Rechaza el recurso que presentó el ayuntamiento de la localidad y le impone las costas judiciales sin posibilidad de recurso

Vecinos de Villoldo (Palencia) protagonizaron movilizaciones contra un acuerdo municipal que han tumbado los tribunales / Cadena ser

Vecinos de Villoldo (Palencia) protagonizaron movilizaciones contra un acuerdo municipal que han tumbado los tribunales

Palencia

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha dictado una providencia en la que rechaza el recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento de Villoldo (Palencia) contra una sentencia del TSJ que anula la cesión de un terreno para uso agrícola. Además, impone al consistorio las costas procesales, fijando 1.000 euros como cantidad máxima a reclamar por todos los conceptos, más IVA si procede.

La resolución, contra la que no cabe recurso alguno, da la razón a la Asociación para la Defensa de la Zona Recreativa de la Pradera, que ha estado representada por el abogado palentino Antonio Luis Vázquez. El colectivo vecinal lleva luchando más de tres años contra la actuación que pretendía el ayuntamiento de Villoldo en una zona de ocio. Al igual que ha ocurrido en decisiones anteriores, el consistorio ha perdido la partida ante el Supremo.

El ayuntamiento adoptó un acuerdo por el que cedía gratuitamente un terreno a la junta agropecuaria local para instalar un lavadero de maquinaria agrícola y un depósito de carga para fitosanitarios. El TSJ ya detectó "falta de transparencia y mala fe en el proceder municipal". El argumento estaba en que la parcela se cedía para uso exclusivo y excluyente de unos pocos, privando a la generalidad de los vecinos del uso de un bien patrimonial en beneficio gratuito y excluyente de unos pocos.

Ahora el Tribunal confirma que no está acreditado que la institución municipal cumpla con los requisitos exigidos en la ley para la cesión gratuita. No se ha acreditado que realice una labor de interés público, ni que redunde en beneficio de los habitantes del ámbito municipal afectado. A esto, el máximo tribunal añade que no se ha seguido el procedimiento establecido legalmente para la enajenación. Desde el movimiento vecinal que ha ganado la batalla en los juzgados afirman que "es hora de pedir responsabilidades por parte de los vecinos".


 

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