La obligatoriedad de la vacuna
La opinión de Nicolás García Rivas, catedrático de Derecho Penal
Cadena SER
Albacete
Esta Navidad estará marcada para siempre por el comienzo de la vacunación contra el covid-19, ese virus que ha adoptado la forma de una pandemia mundial con casi 2 millones de muertos a día de hoy.
En las últimas semanas, tras el esperanzador anuncio de la disponibilidad de las vacunas, algunos colectivos se han dedicado a torpedear ese remedio anunciando que no se la pondrían salvo que les obliguen.
Ante una actitud así de extravagante, cabe preguntarse ¿puede obligar el Estado a un ciudadano a ponerse la vacuna? La respuesta no es sencilla.
En general, los ciudadanos pueden oponerse a cualquier actuación del Estado que suponga una intromisión en su cuerpo. Durante mucho tiempo, por ejemplo, se debatió si teníamos obligación de someternos a pruebas de ADN. Nuestra legislación lo permite para perseguir delitos, pero se exige una autorización judicial.
En el caso de la vacuna, el riesgo para la salud pública es determinante. Se trata de un interés colectivo que está por encima del derecho individual a la libertad y a la intimidad. Si un ciudadano no se vacuna constituye un riesgo potencial para el resto de la población y ello le coloca en situación de ser obligado a vacunarse.
Algunos países -entre ellos España- ya han declarado que no obligarán, pero entonces habrá que adoptar toda una serie de cautelas contra los no vacunados, a quienes se les podrá negar el acceso a determinados lugares (quizá a muchos) porque como es obvio no podrán poner en riesgo la salud y la vida de los demás.
La libertad es, en efecto, un derecho fundamental, pero desaparece cuando se pierde la vida, así de clara y contundente debe ser la respuesta a esos colectivos.
