Rapapolvo del Consejo de Cuentas a la Junta por su falta de diligencia en el edificio de 'El Orfeón'

El Consejo de Cuentas de Castilla y León reprocha la falta de diligencia de la Junta en el mantenimiento del edificio “Orfeón Arandino.” Y es que aunque el objeto de este órgano oficial es fiscalizar los contratos y cuentas públicas, la irregularidad detectada en una de estas contrataciones está directamente relacionada, según su criterio, con la dejadez de la administración regional en este inmueble de su titularidad.

En su último informe el Consejo de Cuentas incluye entre casi un centenar de contratos fiscalizados el que tramitó la Dirección General de Vivienda en julio de 2019 para llevar a cabo una instalación eléctrica en el equipo de 116 viviendas del edificio Orfeón Arandino. El contrato, que ascendía a 392.513,48 euros, se tramitó por procedimiento de emergencia, pero el mencionado órgano de control indica que no se han justificado las circunstancias que deberían cocurrir para acudir a esta fórmula urgente. Por el contrario subraya que el propio informe del Servicio de Promocion Pública de Viviendas reconoce “un muy deficiente estado del edificio, debido principalmente a la falta de conservación y uso inadecuado, incluso con ocupaciones ilegales.” El mismo informe pone de manifiesto que las instalaciones comunes son antirreglamentarias y peligrosas, con conexiones fraudulentas y con el consiguiente peligro de accidente eléctrico. Pese al reconocimiento de esta deficiente situación en el inofmre de la propia Dirección General, el Consejo de Cuentas deja constancia de que también se señala que el contrato objeto de control y que fue tramitado por vía de emergencia “es continuación de anteriores actuaciones realizadas por esa Dirección General en este edificio, cuyo mantenimiento y conservación se realiza de forma sistemática.”

No comparte este criterio el Consejo de Cuentas, quien, por el contrario, afirma que “los hechos argumentados no corresponden a una situación súbita, imprevista y desconocida por la Administración hasta ese momento, sino que ya se conocía y por lo tanto podrían haberse evitado o paliado las que supusieran grave peligro mediante una actuación más diligente del órgano de contratación”. De haberse hecho así, indica, el expediente podría haberse tramitado con procedimientos menos restrictivos de la publicidad y de la libre concurrencia, “previa adopción, en su caso, de las oportunas medidas de seguridad.”