Los desajustes de la Banca Pecho dividen a la Corporación

Aranda de Duero

El grupo socialista exige responsabilidades políticas por las deficiencias que se han producido en el proceso de la construcción del nuevo edificio de la Banca Pecho, que obligaban este jueves a aprobar en el último pleno del año un reconocimiento de crédito para pagar más de 330.000 euros a mayores del contrato a la constructora, que ha tenido que ir resolviendo sobre la marcha errores por parte de la redacción del proyecto y la dirección de obra, que corresponden a la misma empresa.

Su portavoz fue muy crítico con el equipo de gobierno, entendiendo que lo que ha ocurrido con este proyecto no es un caso aislado, sino que las irregularidades se están dando también en otros que están en curso, como la nueva sede de la Policía Local, la urbanización del sector Virgen del Carmen o del terreno conocido como El Picón. Ildefonso Sanz hablaba de “desaguisado” y de “negligencia” para referirse a la gestión de la concejalía de Obras y se quejaba también de falta de transparencia por parte del equipo de gobierno. “Esto ha sido una negligencia absoluta desde el primer día y yo creo que concejal de urbanismo algo debería de hacer, aunque no dimita, a pesar de que se lo haya pedido varias veces, pero creo que es el responsable final del desaguisado de la Banca Pecho, del desaguisado que está ocurriendo en la Policía local, del desaguisado que está ocurriendo con el Picón y del desaguisado de la Virgen del Carmen”, expresaba el edil socialista.

El primer grupo de la oposición fue uno de los que votaron en contra de este acuerdo, pero no el único. Podemos e IU también se pronunciaron en el mismo sentido. Sus representantes, Andrés Gonzalo y Vanesa González manifestaban su estupor por ver cómo el Ayuntamiento parece aceptar habitualmente como algo normal que las obras públicas tengan que liquidarse con sobrecostes por desajustes de este tipo entre el proyecto inicial y la ejecución y por errores como los que el propio equipo de gobierno ha reconocido en este caso.

La concejal de Hacienda negaba que haya habido “irregularidades” y prefería hablar de “errores”, atribuyendo la mayor parte del desfase entre el presupuesto inicial y la liquidación a los fallos del proyecto y la falta de seguimiento en la dirección de obra. Elia Salinero reconocía que la labor de la empresa encargada de ello, con sede en Valencia, ha dejado mucho que desear y planteaba la necesidad de en futuras contrataciones de este tipo exigir que tenga una sede cercana a la localidad para que haya una supervisión más estrecha. “Yo desde luego no creo que haya habido irregularidades, pero sí errores muy grandes por parte del redactor del proyecto, que encima quién ganó el concurso era una empresa de Valencia y desde luego no la hemos tenido con un seguimiento tan directo como si hubiera sido una empresa de la localidad y es para plantearnos muy seriamente el poder incluir que tengan que tener una oficina cercana aquellas empresas que tenga la dirección de obra en cualquier adjudicación de próximas obras Ayuntamiento para que ese seguimiento sí que sea real y pueda ser en tiempo y poder corregir estas cosas a tiempo y con unos modificados no extemporáneos”, proponía Salinero.

El grupo Popular, por su parte, hablaba de una responsabilidad compartida por parte de los técnicos municipales. Emilio Berzosa se mostraba partidario en lo sucesivo de paralizar las obras cuando sean necesarias modificaciones para aprobarlas antes de continuar con la ejecución con el fin de evitar sorpresas en la liquidación final. “Efectivamente a mí tampoco me parece normal la cantidad de veces que la interventora, la secretaria o yo hemos dicho a los técnicos que los modificados se hacen, se proponen y se aprueban antes de seguir con las obras y si las obras tienen que parar se paran, pero lo que no puede ser es que aquí las obras sigan para adelante y cuando llegue a la liquidación pasa lo que pasa”, sentenciaba el portavoz popular.

Este trámite salió finalmente adelante con los votos a favor del PP, Ciudadanos y Vox y la abstención de los concejales no adscritos. Sergio Ortega intervenía en el debate para decir que, sin hacer demagogia, el Ayuntamiento debería plantearse quizá la contratación de más técnicos que se encarguen de supervisar la ejecución de las obras contratadas por el Ayuntamiento, una medida que le saldría a cuenta, teniendo en cuenta lo que acaba pagando por ellas.