Castelló y Benicàssim siguen sin definir sus presupuestos de 2021

Castellón

Castelló de la Plana y Benicàssim son los únicos grandes municipios de la provincia que no han definido, todavía, sus presupuestos para este año 2021, donde las cuentas municipales serán clave para la recuperación económica.

La mayoría de los grandes municipios de la provincia han definido y aprobado sus presupuestos para este año 2021. Unas cuentas municipales que son clave en estos momentos para la recuperación de la actividad económica. Sin embargo, ayuntamientos como Castelló o Benicàssim han retrasado esta medida.

En el caso de la capital de la Plana, todavía no existe un acuerdo formal entre los miembros de l’Acord de Fadrell, PSPV, Compromís y Podem. Además, existe malestar en el equipo de gobierno por las negociaciones abiertas entre Ciudadanos y el grupo socialista para que la formación naranja apoye el presupuesto.

Fuentes del equipo de Gobierno confían en que las cuentas municipales se aprueben en un pleno durante este primer trimestre para que puedan comenzar a ejecutarse en marzo, pero cabe recordar, que este año, el presupuesto se aprobó ocho meses más tarde de lo previsto, a finales del mes de julio, por la crisis del equipo de Gobierno derivada de la disolución de la Junta de Fiestas de la ciudad. Un presupuesto que alcanzó los 180 millones de euros. El portavoz adjunto del PP, Sergio Toledo, advierte que las disputas internas han provocado, de nuevo, un retraso en la aprobación del presupuesto y pide consenso a los miembros de l'Acord de Fadrell.

En el caso de Benicàssim, los miembros del equipo de Gobierno, PP y Ciudadanos, tampoco han aprobado el presupuesto. El portavoz de Compromís, Joan Bonet, advierte que existe una disputa de egos entre ambas formaciones en el reparto de las cantidades económicas destinadas a las concejalías. La mayoría de los grandes municipios sí han aprobado o presentado sus presupuestos. Es el caso de Vila-real, donde gobierna el PSPV con mayoría absoluta y con el apoyo de Podem, que pretende aprobar unas cuentas de casi 48 millones de euros. El consistorio ha explicado esta semana que está pendiente de resolver una situación jurídica, porque en las últimas semanas han recibido doce expedientes del Jurado de Expropiación y una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat, que suman más de 12 millones de euros por la gestión urbanística que realizó el PP durante sus años de mandato en el ayuntamiento. Una situación que condiciona la aprobación del presupuesto.

Onda, con gobierno del PP con mayoría absoluta, en el mes de noviembre fue el primer ayuntamiento en aprobar sus presupuestos, que superarán los 31 millones de euros este año. El equipo de Gobierno se centra en tres ejes destinados a la recuperación económica y social, como la asistencia domiciliaría, la construcción de tres viviendas sociales, el proyecto Onda Logistic para atraer inversiones internacionales y la reducción de impuestos.

Borriana, con un gobierno formado por PSPV y Compromís, aprobará su presupuesto este jueves, 7 de enero, que superará los 38 millones de euros. El equipo de Gobierno asegura que las cuentas estarán centradas en las inversiones y en el apartado social, con partidas de casi 3 millones de euros destinadas a los contratos en servicios públicos.

Almassora, donde gobiernan el PSPV y Ciudadanos, aprobó a principios del mes de diciembre un presupuesto de más de 35 millones de euros. La partida más destacada para la recuperación se centra en inversiones de más de 11 millones de euros en obras en el municipio y el área de Servicios Sociales, que contará con 300.000 euros.

En el caso de la Vall d'Uixó, donde gobiernan en coalición PSPV, Esquerra Unida y Compromís, los grupos han contado con el apoyo de Ciudadanos. El pasado miércoles aprobaron un presupuesto de más de 35 millones de euros.

Ciudadanos también apoyó los presupuestos de la Diputación de Castellón, donde gobiernan PSPV y Compromís. La institución provincial aprobó unas cuentas de 168 millones de euros, donde destacan políticas de reactivación para los consistorios que ascienden a 10 millones de euros.