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Compromís volverá a pedir auditar el Instituto Gil-Albert y estudia acciones legales por las contrataciones

Cree que ha sido la solicitud de información que su grupo realizó al sospechar sobre el decreto de adjudicación la que ha desencadenado la dimisión de la directora y parte de su equipo, y que debe replantearse su funcionamiento

La ya exdirectora del Instituto Juan Gil-Albert, Teresa Pérez Vázquez (i) y la vicepresidenta y diputada de Cultura, Julia Parra, de Ciudadanos, tras la designación del equipo del organismo, el pasado julio. / Diputación de Alicante

Alicante

Tras dimitir ayer la directora del Instituto Juan Gil-Albert, dependiente de la Diputación, por la adjudicación de un contrato "cuestionable", Compromís anuncia que volverá a presentar en el próximo pleno de la Diputación de Alicante, previsto para este miércoles, su propuesta para auditar este organismo.

También estudian acciones legales sobre la adjudicación de un contrato por el que ya preguntaron hace meses en una reunión del organismo cultural.

El diputado de la coalición, Gerard Fullana, acusa al equipo de gobierno de Ciudadanos y PP de convertir el Juan Gil-Albert en una "agencia de colocación inoperante y clientelista". Cree que ha sido la solicitud de información que su grupo realizó al sospechar sobre el decreto de adjudicación la que ha desencadenado esta dimisión, y que es el momento de replantear el funcionamiento del organismo.

Gerard Fullana: "Si Compromís no llega a pedir información sobre la adjudicación, hoy no sabríamos lo que está pasando"

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Desde la Diputación, institución de la que depende el Instituto de Cultura, han declinado este viernes hacer declaraciones al respecto, esgrimiendo el comunicado que ayer emitió el organismo anunciando la dimisión de la directora, Teresa Pérez Vázquez.

Compromís ya denunció en agosto el nombramiento a dedo de 20 cargos directivos sin pasar el filtro del la junta rectora y el reparto de indemnizaciones que superaban el 70% del importe total, que reservaba solo un 20% a la actividad cultural propiamente dicha; unas cifras que se han vuelto a repetir en el presupuesto para este 2021.

La dimisión de Pérez Vázquez por la adjudicación de un contrato del instituto a la empresa de uno de sus subdirectores, es la segunda consecutiva en una dirección de un organismo autónomo de la Diputación por motivos de irregularidades en la concesión de contratos después de la ocurrida en la gerencia de SUMA.

Compromís -recordamos- pidió sin éxito el pasado mes de octubre una auditoría del Instituto, tras denunciar en su día el nombramiento al frente de cinco cargos del PP y Ciudadanos sin ninguna experiencia cultural, y que era una agencia de colocación. Con esta nueva solicitud buscan "abrir una reflexión sobre la tarea cultural de Gil-Albert" y advierten de que si Ciudadanos no rectifica en el bloqueo para pedir las facturas del PP sobre ingresos no certificados al partido ni accede a renovar el Instituto pedirá que sus dos diputados asuman responsabilidades políticas.

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