Sábado, 23 de Enero de 2021

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El juez ha abierto un procedimiento con jurado contra Francisco Martínez

El Juzgado de Instrucción número 4 de Castellón ha citado el 5 de febrero a las 10 de la mañana al ex alcalde de Vall d'Alba en la causa que investiga la compra-venta de terrenos en el municipio

Imagen del ex vicepresidente de la Diputación de Castellón, Francisco Martínez

Imagen del ex vicepresidente de la Diputación de Castellón, Francisco Martínez / Javier Quesada

El juez Jacobo Pin propone abrir un procedimiento con jurado popular en el caso en el que se investiga al ex vicepresidente de la Diputación de Castellón y ex alcalde de Vall d'Alba, Francisco Martínez, por la compra-venta de terrenos en su municipio.

El Juzgado de Instrucción Número 4 de Castellón ha citado para el próximo 5 de febrero al ex vicepresidente de la Diputación de Castellón y ex alcalde de Vall d’Alba, Francisco Martínez, del Partido Popular, para concretar su imputación, solicitar el sobreseimiento de la causa abierta por la compra-venta de terrenos en Vall d'Alba o pedir la práctica de más diligencias de investigación. Además de Martínez, el día 5 de febrero comparecerá Fiscalía, las partes personas en el proceso, entre ellas el Partido Socialista, y el resto de investigados, Andrea Martínez, hija del ex vicepresidente de la Diputación, y el empresario Raúl Babiloni. En el auto, al que ha tenido acceso Radio Castellón, el juez Jacobo Pin, propone, a instancias de Fiscalía, abrir un procedimiento con jurado popular.

Las investigaciones del fiscal, tras presentar su acusación en el año 2017, se centran en tres proyectos, que se realizaron en el municipio y que contemplaba el plan general de Vall d’Alba. Entre ellos un megaproyecto de más de dos millones de metros cuadrados, que estaba diseñado para albergar dos mil viviendas, hoteles e incluso un campo de golf, es decir, un pueblo nuevo, el PAI Mas de Lluna, donde Martínez tenía terrenos en propiedad que adquirió a un precio bajo , presuntanente antes de que saliera a la luz pública el proyecto.

Fiscalía advierte en el escrito de acusación que los investigados pretendían obtener un lucro ilícito de los proyectos aprovechándose de la información privilegiada de la que disponía Francisco Martínez, y tejieron una red con tres sociedades GESTINTUR, PRODEVER Y FRANVALTUR, que supuestamente utilizaron para adquirir entre los años 2005 y 2014, fincas donde estaba previsto que se construyeran los proyectos que formaban parte del Plan General. Las compraban, esperaban a que se revalorizaran y las vendían a promotores urbanísticos. En dos de los proyectos figuraba como empresa promotora la sociedad CALVIGA SL.

Un caso por el que Fiscalía ha reclamado 11 años de prisión y una multa de un millón de euros para Martínez, por presuntos delitos por el uso continuado de información privilegiada por autoridad, negociaciones prohibidas, fraude administrativo y blanqueo de capitales.

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