Sociedad
Coronavirus Covid-19

Fiscalía investigará a los tutores legales que se han negado a vacunar a residentes

Se analizará caso por caso, nos descarta reclamar la autorización judicial para que sean vacunados

Batiste Martí, interno de la residencia de mayores Virgen del Milagro de Rafelbunyol (Valencia), de 81 años, ha sido la primera persona en recibir la vacuna frente a la Covid-19 en la Comunitat / ROBER SOLSONA (EUROPA PRESS) EUROPA PRESS

Valencia

La Fiscalía de Valencia está recabando datos de tutores legales que se niegan a vacunar a residentes y no descarta recurrir a una autorización judicial.

El incremento de contagios ha provocado también que desde la Fiscalía se hayan abierto ya 10 diligencias preprocesales --ocho en la provincia de Valencia y dos en la de Alicante. En la primera ola se llegaron a abrir 23 diligencias y todas ellas fueron archivadas menos la de Alcoi.

La fiscal Ana Lanuza ha indicado que junto a las 10 investigaciones no descartan abrir dos o tres más en los próximos días en la provincia de Alicante tras notificarles un aumento de fallecidos residentes, y es que la nueva ola ha multiplicado los contagiados en residencias: 3.611, 437 fallecidos y el doble de empleados con Covid.

La coordinadora de la sección Civil de Valencia, Ana Lanuza, se ha encargado de elaborar un informe completo que ha trasladado a la Fiscalía de Madrid con los últimos datos de Covid-19 en residentes y ha asegurado, en declaraciones a Europa Press, que las cifras son "preocupantes".

En su informe, la fiscal distingue entre dos olas del coronavirus, la primera, hasta verano, y la segunda, desde julio hasta la actualidad, y al respecto contempla que, en proporción, hay muchos más contagios pero menos fallecidos.

Así, en la primera ola se registraron 2.464 contagios en residentes y, de ellos, fallecieron 565; en la segunda ola, la cifra se ha elevado por el momento hasta los 3.611 contagiados y hay 437 fallecidos. En total, 1.002 residentes fallecidos por Covid-19 en la Comunitat.

También se han disparado los contagios entre los trabajadores de las residencias: en la primera ola se contagiaron 840 empleados y en la segunda la cifra asciende hasta los 1.673, el doble.

10 DILIGENCIAS PREPROCESALES

El incremento de contagios ha provocado también que desde la Fiscalía se hayan abierto ya 10 diligencias preprocesales --ocho en la provincia de Valencia y dos en la de Alicante-- para hacer un seguimiento y control de las residencias. En la primera ola se llegaron a abrir 23 diligencias y todas ellas fueron archivadas menos la de Alcoi.

Ana Lanuza ha indicado que junto a las 10 investigaciones no descartan abrir dos o tres más en los próximos días en la provincia de Alicante tras notificarles un aumento de fallecidos residentes.

La fiscal ha destacado, en comparación con la primera ola, que se ha mejorado la asistencia a los mayores: "Hay más y mejor asistencia, tanto por el personal destinado a los centros como por el material disponible", ha indicado a Europa Press. También ha afirmado que la mayoría de fallecidos lo hacen en hospitales y no en los propios centros como ocurría en marzo y abril.

Lo único que podía haberse mejorado "tal vez" ha sido las pruebas a los trabajadores puesto que se ha puesto de manifiesto que el origen de algunos brotes en residentes ha sido provocado por estos empleados: "Quizá con pruebas más periódicas se hubiera podido evitar algún brote, aunque no se sabe", ha aseverado.

LAS VACUNAS

La administración de vacunas a residentes también está generando algún problema puesto que hay algunos que se han negado a que se la administren y hay otros mayores que necesitan la autorización de su tutor legal o familiar para poder ponérsela y éstos no la otorgan.

Desde la Fiscalía están recabando datos sobre estos casos y van a evaluarnos uno por uno, ya que en algunos supuestos puede deberse a que el residente presenta alguna patología grave o alergias que no son muy compatibles con la vacuna.

Si el rechazo no se debe a un motivo justificado, desde el ministerio público no descartan reclamar una autorización judicial. Al respecto, Ana Lanuza ha puesto como ejemplo que un juzgado de Santiago de Compostela ya ha dictado un auto en el que se obliga a vacunar a un residente pese a la oposición de familiares porque es más seguro para él.

Así, si no está justificada la negativa, desde Fiscalía no descartan iniciar un procedimiento de jurisdicción voluntaria y solicitar autorización judicial. "Hay que estudiar cada caso y valorar", ha apostillado.

 
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