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Jabalíes

Abatidos 809 jabalíes en Bizkaia para "reducir los riesgos" durante el estado de alarma

Según el Gobierno foral, ha contribuido a que no se hayan agravado los riesgos por los daños que causan estos animales

"Sin estas actuaciones, el jabalí campa a sus anchas y puede llegar a los cascos urbanos", ha señalado la diputada foral / Archivo

Bilbao

Cazadores autorizados por la Diputación de Bizkaia han abatido un total de 1.440 jabalís en este territorio entre septiembre y diciembre pasados, 809 de ellos durante el estado de alarma por la pandemia decretado en octubre, lo que, según el Gobierno foral, ha contribuido a que no se hayan agravado los riesgos por los daños que causan estos animales.

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La diputada foral de Sostenibilidad y Medio Natural, Elena Unzueta, ha ofrecido estos datos este miércoles en las Juntas Generales de Bizkaia al defender una orden dictada por la Diputación el pasado 30 de octubre en la que estableció que las batidas de caza autorizadas de jabalí realizadas durante el estado de alarma se consideran "por causa de fuerza mayor", por lo que los cazadores participantes no tienen limitación de movilidad entre municipios, de acuerdo con las zonas de caza marcadas.

Unzueta ha comparecido ante la Cámara foral a petición del juntero de Elkarrekin Podemos Xabier Benito, quien ha considerado que la Diputación llevó a cabo una "chapuza" con dicha orden puesto que "no es competente" para imponer una "causa de fuerza mayor" con la que suprimir una limitación de movimientos entre municipios y, de esta forma, "saltarse la normativa de rango superior" dictada por el Gobierno Vasco para declarar el estado de alarma.

La diputada foral ha explicado que en las batidas autorizadas entre septiembre y diciembre del pasado año fueron abatidos -"extraídos", ha dicho- un total de 1.440 jabalís, de los que 809 fueron cazados desde la declaración del estado de alarma en octubre, y ha destacado que sin esas medidas habría una población mayor de estos animales que podría haber "agravado más" los riesgos que suponen. "El problema habría sido muchísimo mayor sin estas batidas", ha afirmado.

Daños en el medio agrario

Unzueta ha insistido en que estas batidas se deben al exceso de población del jabalí y por los daños que produce el animal en el medio agrario, por los problemas de seguridad vial que suele causar y también por la posible transmisión de enfermedades.

Ha reconocido que la Diputación no tiene competencias para declarar una "causa de fuerza mayor", aunque ha asegurado que el Gobierno Vasco "entendió y validó" la orden foral, tras consultarla con Lehendakaritza y los departamentos de Seguridad y Salud.

Unzueta ha recordado que la orden foral limita las batidas a un máximo de 6 cazadores, que deben guardar una distancia interpersonal de 1,5 metros y usar mascarilla, además de contar con autorización de la dirección foral de Espacios Naturales y llevar a cabo su actividad en las "manchas" de caza establecidas. También se comunican a Seguridad.

Sobre la posibilidad de que sean cazadores profesionales los que se ocupen de las batidas, Unzueta ha indicado que estos cazadores abatieron 30 jabalís en 2020, lo que indica que las medidas adoptadas por la Diputación han sido "más efectivas" que la contratación de servicios profesionales.

Un millón de ejemplares en España

Ha destacado que los daños que causa el jabalí constituyen un problema extendido en toda España, donde se calcula que hay "un millón" de ejemplares. "Sin estas actuaciones, el jabalí campa a sus anchas y puede llegar a los cascos urbanos", ha señalado Unzueta.

El juntero de Elkarrekin Podemos Xabier Benito ha dicho que el argumento de la Diputación de que estas batidas obedecen a la necesidad de controlar la población de jabalís para evitar daños "es político, no técnico", aunque ha ofrecido el dato de que las reclamaciones por daños de esta especie aumentaron un 22 por ciento entre 2007 y 2017.

Ha considerado "contraria a la ley" la orden de la Diputación de Bizkaia y ha dicho que su grupo no ha presentado un recurso contencioso administrativo porque la resolución judicial se produciría con la temporada de caza ya terminada, con lo que no tendría efectos

 
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