El PP pide eliminar el canon por obra de la ley de simplificación urbanística

Toledo

La Comisión de Fomento en las Cortes debate hoy las 29 enmiendas presentadas a la Ley de simplificación urbanística, la llamada ley SUMA, fruto del acuerdo de PSOE y CS dentro del Pacto por la Reconstrucción. Socialistas y naranjas presentan 7 enmiendas; se ofrecen a transar 4, a aprobar más de la mitad de las del PP, que en total ha presentado 22, pero desestimarán 6 porque "rompen la filosofía de la ley" 

Los populares creen que habría sido mejor una verdadera reforma de la LOTAU, la ley de suelo, pero, no siendo así, piden que al menos se elimine el canon por el coste de obra. Algo que proponen en dos de sus enmiendas. Y es que según indicaba la diputada María Roldán "precisamente ahora, por la situación que viven las pymes y cualquier emprendedor que quiera invertir, debe apoyarse reduciendo impuestos y dando bonificaciones"

Especialmente molesto con la intervención de la diputada popular se ha mostrado el diputado de Ciudadanos, Alejandro Ruiz, que afeaba que Roldán dijera que "no se ha hecho nada" cuando esta ley incluye 60 reformas normativas que los colegios profesionales venían exigiendo desde hace años. Se puede criticar la tardanza, decía, pero decir que no se modifica nada es desconocer el sector "que vivía atenazado, con ayuntamientos incapaces de gestionar el suelo, aguantando zonas verdes o aparcamientos en lugares sin sentido. Ahora se agilizarán trámites y se supondrá la buena fe del promotor"

Defendiendo la postura socialista, Marisa Martín Cerro apuesta por una ley que supondrá "la reconstrucción económica en Castilla La Mancha" con más de 60 modificaciones que recoge reivindicaciones de los colegios profesionales, reclamaciones de empresarios, de alcaldes y ciudadanos en "un texto pensado para el beneficio de los municipios y su ordenación territorial"

 OBJETIVOS DE LA LEY SUMA

Los grandes objetivos de la ley pasan por un nuevo modelo urbanístico; dinamizar la economía y agilizar trámites; impulsar a los pequeños municipios, el reto demográfico y el desarrollo del medio rural; y conseguir mejoras en la regulación urbanística. Además, planea impulsar la venta de solares abandonados.

La nueva norma, un documento muy técnico, flexibiliza las condiciones de los planes de ordenación urbanística. Se eliminan restricciones para favorecer el desarrollo de los municipios de menos de 5.000 habitantes. Introduce la Declaración Responsable.

Y una vez más la administración busca eliminar burocracia y trámites. Los instrumentos de apoyo para los planes de ordenación urbanística no necesitarán evaluación medioambiental, siempre y cuando no introduzcan novedades urbanísticas.