"Lo que me ofrecían como protección se ha convertido en una gran trampa"

Los ERTE y los créditos ICO emergieron en la pandemia como la gran salvaguarda de las empresas canarias. Actualmente, 80.000 trabajadores de las Islas permanecen en un Expediente de Regulación Temporal de Empleo, mientras que el Instituto de Crédito Oficial financió hasta diciembre a 26.557 empresas del Archipiélago con una financiación total que supera los 4.000 millones de euros. 

Sin embargo, las líneas ICO se han convertido para algunos pequeños empresarios en "una gran trampa". Según explica el propietario de La Tertulia, en La Laguna, la financiación que en marzo suponía un alivio y que estaba planeada para dos meses de confinamiento se ha convertido en una deuda que se extiende ya hasta los 10 meses de parón económico. Y que genera intereses. 

"Aplazamientos con intereses y préstamos ICO con intereses. Lo que está haciendo el Gobierno es endeudarnos más (...) La única opción que me dan es volverme a endeudar, cosa que no quiero porque no sé hasta dónde va a llegar esto", apunta el dueño del local lagunero, David Morales. 

En la misma situación se encuentra José Ignacio Monés, propietario de El Bulán, en Santa Cruz de Tenerife. A la compleja devolución de los créditos suma los gastos fijos. "Recordemos que los impuestos, que al principio se aplazaron, los hemos tenido que pagar religiosamente", asegura con la mirada puesta en el 20 de enero, cuando "tenemos el IRPF de alquiler o de los trabajadores". 

Del total de operaciones cerradas por el Instituto de Crédito Oficial, la mayoría, 173.000, financian a empresas del sector turístico. El 41 por ciento de los beneficiarios constituyen micropymes a los que la devolución se les hace cuesta arriba sin garantías de reactivación. "Llevamos diez meses improvisando cada 15 días, no son maneras de llevar una empresa", asevera Morales después de haber tenido cerrado su local durante todo el mes de diciembre por las restricciones implantadas en Tenerife. 

Tras una nueva prórroga en noviembre, la devolución de los créditos puede efectuarse en un plazo máximo de 8 años. En las Islas, la media estimada se sitúa en cuatro años y cinco meses envueltos en una nebulosa de incertidumbre: "Si nos dicen o tenemos la certeza de que a partir de febrero podremos trabajar a un 75 por ciento y llegar al 100 por cien en mayor, los aplazamientos serían una solución, aunque seguiría siendo costosa. El problema es que no sabemos", incide Monés con temor a que se produzca un nuevo confinamiento estatal.