El Estado debe preservar la salud contra el integrismo antivacuna

Albacete

En esta primera fase de la campaña de vacunación, se van sucediendo los casos de ancianos ingresados en residencias, que carecen de la capacidad mental suficiente para consentir una intervención sanitaria en su cuerpo como lo es inyectarles una vacuna y hay que decidir por ellos.

En condiciones normales, cualquier ciudadano mayor de 16 años puede negarse a un tratamiento médico de acuerdo con la Ley de Autonomía del paciente, promulgada en 2002. El derecho personal a la salud es un derecho y no un deber, razón por la cual no se puede obligar a nadie a sufrir un tratamiento médico, aunque su negativa le lleve a perder su vida.

Pero esas razones quiebran cuando está en juego la salud pública, es decir el derecho de todos a la salud, un derecho del que nadie puede disponer libremente porque el Estado tiene la obligación de preservar incluso a costa de la voluntad individual. En mi opinión, la vacuna contra el virus debería ser obligatoria, porque quien no se vacuna tiene derecho a morir cargado de su razón, pero no puede disponer de la vida de los demás.

En el caso de los ancianos cuyas familias quieren impedir su vacunación, los jueces están dando la razón al Estado. Ni siquiera entran a valorar la salud pública; les basta con apelar a la salud individual de esa persona, cuyo riesgo de morir es alto y cuya salud individual debe tutelar el Estado, sin permitir que unos familiares contrarios a la vacunación se salgan con la suya y jueguen con la salud ajena, por muy familiares que sean.

Por lo que se refiere a las sospechas sobre el posible daño que puedan causar las vacunas, las decisiones judiciales tomadas hasta ahora son claras: si la Agencia Europea del Medicamento las ha autorizado, son seguras. Un sistema sanitario como el europeo, que es de primera calidad, puede tener fallos, claro que sí, pero serán ínfimos en comparación con la seguridad que garantizan, porque cuenta con los mejores medios.

Así pues, aunque el territorio de los sentimientos es muy personal y familiar, como la intimidad misma, el derecho a la salud de las personas debe ser preservado por el Estado según reza nuestra Constitución y la Carta Europea de Derechos Fundamentales, que son una barrera de sensatez contra el integrismo antivacuna.