Martes, 18 de Mayo de 2021

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PROVIA cree que la venta de viviendas a ciudadanos extranjeros se reactivará en el tercer trimestre de 2021

Su secretario general, Jesualdo Ros admite que hay una demanda estancada que continua aumentando pero señala que la ausencia de conectividad aerea impide la firma de la escritura

La venta de viviendas a ciudadanos extranjeros se reactivará en el tercer trimestre de 2021, según PROVIA

La venta de viviendas a ciudadanos extranjeros se reactivará en el tercer trimestre de 2021, según PROVIA / Europa Press

Las restricciones de conectividad en el aeropuerto de Alicante-Elche y la imposibilidad del tránsito de turistas están impidiendo la venta de viviendas en la provincia a ciudadanos extranjeros a pesar de la demanda existente.

Desde la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la provincia de Alicante, PROVIA, explican que la pandemia ha demostrado el buen posicionamiento y el atractivo de la Costa Blanca en el extranjero y aseguran que tienen una "demanda potencial muy fuerte".

Su secretario general, Jesualdo Ros apunta que las empresas han aplicado las Nuevas Tecnologías para hacer visitas virtuales con los compradores pero lamenta que la ausencia de conectividad impide la firma de la escritura ya que "necesitas pisar la zona donde vas a vivir".

Recuerda que en julio y agosto, cuando sí se permitió el transito con otros países, hubo un movimiento de ventas espectacular en comparación con el mismo periodo del año anterior ya que había una demanda estancada desde marzo. Cree que en el tercer trimestre de este 2021 se producirá ese aumento en las ventas.

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Brexit

Por cierto que PROVIA alertaba esta semana que el Brexit retrasará la venta de más de 800 viviendas anuales en la Vega Baja por una ley franquista.

El Decreto 689, del 10 de febrero de 1978, obliga a los extranjeros no comunitarios a solicitar un permiso al Ministerio de Defensa que tarda seis meses en tramitarse para adquirir una vivienda en los municipios de Torrevieja, Orihuela, Pilar de la Horadada y San Miguel de Salinas. Según PROVIA, los británicos representan en torno al 80% de las transacciones en las zonas afectadas.

Por ello, reclaman al Gobierno que elimine esta obligatoriedad que se rige por un Decreto aprobado con anterioridad a la aprobación de la Constitución, o en su defecto, que se apliquen alternativas vigentes como el silencio positivo o la declaración responsable.

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