Política

PP y PSOE se amenazan con llevarse a los tribunales

La corporación municipal se ha enfrentado debido a las conclusiones del Interventor sobre la gestión de una decena de contratos

PSOE y PP / Radio Elche Cadena Ser

Elche

Partido Popular y Partido Socialista han vuelto a enfrentarse en el pleno municipal durante el debate de sobre el Informe del Control Interno del Ayuntamiento de 2019. En este documento, el interventor municipal hace diferentes observaciones sobre más de una decena de contratos municipales en los que se advierte de "incidencias administrativas".

El portavoz del Partido Popular de Elche, ha asegurado que el gobierno municipal, con este informe del interventor, demuestra estar haciendo "una malversación moral del dinero público". Por ello, los populares han puesto el documento en manos de sus abogados para comprobar si supone alguna responsabilidad penal.

Ante esta acusación, la concejala de Gestión Financiera, Patricia Maciá, ha asegurado que, de no retirarla, será el gobierno municipal quien llevará al Partido Popular a los tribales. Maciá ha recordado que el informe del Interventor no habla de ilegalidades. De ser así, ha insistido la concejala, el Interventor tendría que haberlo denunciado ante el Tribunal de Cuentas, algo que no ha sucedido.

Pero el enfrentamiento también se ha producido con la portavoz de Ciudadanos, Eva Crisol, quien ha hablado de "trapicheos" del gobierno municipal con las cuentas municipales. Una afirmación que la concejala, Patricia Maciá, ha pedido que retirase al considerarlo desafortunado. Finalmente, Crisol lo ha sustituido por "falta de diligencia".

Por su parte, el portavoz adjunto de Vox, Juan Antonio Alberdi, y el concejal no adscrito, Eduardo García-Ontiveros, han lamentado las conclusiones del Interventor en el informe y han solicitado más recursos para poder realizar un estudio en profundidad de las cuentas municipales.

Para zanjar el debate, el alcalde de Elche, Carlos González, ha solicitado la participación del interventor municipal quien ha asegurado que se han advertido "irregularidades administrativas" en una decena de contratos, aunque no son tan graves como para trasladarlas al Tribunal de Cuentas.

 
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