Martes, 02 de Marzo de 2021

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La fiscalía de Murcia abre diligencias sobre la vacunación irregular de altos cargos

El PSOE y Podemos trasladaron los hechos a Jose Luis Díaz Manzanera tras hacerse públicos

Jose Luis Díaz Manzanera

Jose Luis Díaz Manzanera / Cadena SER

Fuentes de la Fiscalía superior de la Región de Murcia confirman a la SER que se ha abierto diligencias de investigación para aclarar si se ha cometido algún ilícito penal en el proceso de vacunación en nuestro territrorio.

La investigación buscará los delitos que se puedan haber cometido y, en su caso, quién los ha cometido en el proceso que ha permitido en Murcia casi 500 vacunaciones fuera del protocolo establecido.

Según fuentes jurídicas, se dan los supuestos para imputar a varias personas delitos de prevaricación (tomar decisiones a sabiendas de que son injustas) o malversación de caudales públicos.

El proceso de investigación del fiscal acaba de empezar esta misma mañana tras llegar a la fiscalía la denuncia que el PSOE anunció la semana pasada. 

La denuncia,  presentada el pasado 21 de enero, dice que "por parte de la Consejería de Salud se han saltado arbitrariamente, de una manera injusta y grosera lo establecido en el protocolo de vacunación establecido por el Ministerio de Sanidad y por la propia Consejería de Salud del Gobierno Regional. No se conoce, además, ningún tipo de resorte legal o técnico en los que esta decisión haya sido amparada"

En rueda de prensa un portavoz del PSOE dijo que "López Miras tiene que aclarar de manera urgente si conocía esta práctica". 

Francisco Lucas, dijo que "Es necesario saber si el presidente regional ha permitido la administración de vacunas a personal que no está en primera línea de batalla cuando aún quedan cientos de profesionales sanitarios sin vacunar".

En la denuncia del PSOE podemos leer que "Se hace necesario, a nuestro entender, determinar las indicaciones dadas desde los dirigentes encargados de ordenar este tipo de vacunación, pues se tuvo que dar orden clara y directa de que se suministrara la vacuna al personal no asistencial de la consejería, lo que podría conllevar la posible comisión de un delito de prevaricación o un delito de malversación de caudales públicos al haber sido administrada una vacuna propiedad de la administración a quien no tiene derecho a ella según los protocolos establecidos.

Podemos también había señalado publicamente que iba a llevar el caso a la fiscalía.

Todo tras conocerse la semana pasada que  el consejero de Salud, Manuel Villegas, y otros altos cargos de su departamento se vacunaron  contra la COVID-19 junto a un amplio grupo de casi 500 funcionarios del departamento y del Servicio Murciano de Salud.

La noticia acabó la semana pasada con la dimisión del Consejero Villegas y esta mañana de la Alcaldesa de Molina de Segura -aunque no tiene que ver con lo ocurrido en el departamento de Villegas- y una representante de IU del municipio de Murcia.

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