Canarias se rebela contra el Estado y Bruselas y se niega a ser "frontera permanente"

Tenerife

Canarias se niega a convertirse en Islas-cárcel. Así se desprende de las duras críticas vertidas por el portavoz del Ejecutivo autonómico, Julio Pérez, en sede parlamentaria. "Seguimos exigiendo, pero no solo al Gobierno de España. Sobre todo a Europa, que pretende establecer un pacto que atribuye a las regiones fronterizas el establecimiento de una especie de frontera permanente y no la derivación", ha asegurado. 

La gestión de la crisis migratoria continúa en el centro de las críticas políticas con un consenso inédito entre el cuatripartito y la oposición que, sin embargo, no resuelve los problemas habitacionales y de atención que atraviesa el Archipiélago. En este sentido, el diputado de Coalición Canaria, Oswaldo Betancort, ha reprochado al Ejecutivo que no muestre una postura más clara y exigente: "No he escuchado a ninguno de los partidos que conforman este Gobierno de Canarias salir a la palestra detrás de las declaraciones del presidente del Cabildo de Gran Canaria, que está comentando que se están vulnerando los derechos humanos. Es lo más fuerte que hemos escuchado". 

En respuesta, Julio Pérez ha agudizado las críticas al Gobierno central asegurando que "creemos que las actuaciones del ministro Escrivà, las actuaciones del ministro Marlaska y las actuaciones del Gobierno de España son insuficientes e inadecuadas". 

Esta misma semana, hasta 7.000 migrantes serán trasladadas desde los hoteles en los que se encuentran hasta los macrocentros facilitados por Defensa en Gran Canaria, Fuerteventura y Tenerife según ha anunciado el ministerio de migraciones. Estos espacios han sido reiteradamente rechazados por asociaciones y partidos políticos, incluso cuestionados por el Gobierno regional, que ha reconocido que la concentración en grandes espacios no es el método más adecuado para atender a las personas que llegan a las Islas.