F&F ABOGADOS reflexiona sobre la ampliación de la moratoria para presentar concurso de acreedores
La firma valenciana defiende que una mayor flexibilidad a la hora de concesiones de quitas y esperas respecto de los créditos de derecho público facilitaría las posibilidades de viabilidad de muchas empresas y autónomos
Foto de archivo / F & F Abogados
Valencia
La ampliación de la moratoria aprobada por el ejecutivo para que las empresas puedan presentar concurso de acreedores hasta el 14 de marzo de 2021, tal y como aparece en el Real Decreto- Ley de 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial, no parece ser que sea suficiente para que el tejido empresarial español pueda afrontar la crisis económica actual, sino más bien supone una moratoria en las obligaciones legales que tienen inherentes los administradores y/o consejeros delegados de las sociedades de presentar concurso de acreedores.
Vicente Fernández Gómez, responsable del área mercantil de F&F ABOGADOS, considera que, “es preciso una reforma concursal en la que se incluya, tal y como sugiere el Fondo Monetario Internacional, la posibilidad de restar privilegios a los acreedores públicos como la Tesorería general de la Seguridad Social o la Agencia estatal de la Administración Tributaria en los procedimientos concursales”.
Una mayor flexibilidad a la hora de concesiones de quitas y esperas respecto de los créditos de derecho público, no sólo facilitaría las posibilidades de viabilidad de muchas empresas y autónomos, sino que aminoraría considerablemente el quebranto económico que igualmente conlleva para el erario público cuando las sociedades acaban irremediablemente en liquidación.
En consecuencia, existe una responsabilidad solidaria de todos los intervinientes en los procesos concursales, incluida la propia Administración, que necesariamente debe terminar con el dogma de la “indisponibilidad de los créditos de derecho público”, que le impide entablar negociaciones con el deudor para buscar una viabilidad, no solo en el ámbito empresarial, sino igualmente para que los créditos de derecho público puedan verse exonerados, a fin de darle sentido a la Ley de Segunda Oportunidad.
F&F ABOGADOS aporta una amplia gama de servicios legales con el objetivo de asesorar jurídicamente a sus cliente en el desarrollo diario de su negocio.
