Al hospital por orden judicial

Aranda de Duero

El juzgado de instrucción número 2 de Aranda ratificaba el pasado 21 de enero la decisión tomada por profesionales sanitarios de ingresar en el hospital de forma obligatoria a una paciente que tras acudir a urgencias con síntomas respiratorios graves y dar positivo en la prueba de covid se resistía a permanecer hospitalizada. La mujer estaba dispuesta a solicitar el alta voluntaria influida, al parecer, por presiones de su entorno, pese a que su diagnóstico era de neumonía por Coronavirus SARS coV-2. Ante la sospecha del peligro que podría representar para la salud pública y para su propia vida, ya que su situación hacía necesaria la terapia con oxígeno, los profesionales sanitarios comunicaron la situación al juzgado, que mediante auto de ratificación acordó el ingreso hospitalario involuntario de la paciente. La decisión también contó con el informe favorable de la Fiscalía que fue consultada al afectar la medida a derechos fundamentales. La titular del juzgado también solicitó al hospital que cada 15 días informara de la situación de la paciente, del cambio de centro hospitalario si lo hubiera, así como del alta una vez concluya el ingreso involuntario.

La decisión judicial se basa en la imposibilidad de la paciente de respetar el necesario aislamiento en su propio domicilio, porque al necesitar oxígeno requeriría la ayuda de terceras personas para las actividades básicas diarias. El auto subraya que, de marcharse a su casa con alta voluntaria como era su pretensión, podría provocar un mayor número de contagios, además de constatar el peligro para su vida de no someterse a tratamiento con oxígeno. “Vistas las circunstancias, dada la negativa a permanecer ingresada, y dado el problema de salud pública que puede provocar, no existe ninguna manera menos restrictiva de los derechos fundamentales que imponer el internamiento de forma obligatoria y con la intervención, en su caso, de los cuerpos y fuerzas de seguridad” concluye la juez.

Precisamente por los mismos motivos de salud pública la actuación también ha sido defendida por el gerente del hospital Santos Reyes en beneficio de toda la sociedad. “Nuestra responsabildiad es proteger a la población” afirma Evaristo Arzalluz. “Yo estoy muy orgulloso de que los profesionales del hospital que dirijo se hayan mojado y se hayan puesto en contacto con el poder judicial para ingresar enc ontra de su voluntad a una persona que en caso contrario hubiera estado difundiendo el virus por la población. Hay que tomar este tipo de medidas, porque si no, no acabamos con esto.”

Es el segundo caso de intervención judicial para obligar a un paciente a cumplir medidas sanitarias por la covid que se ha conocido en Aranda después de que en verano otro ciudadano recibiera una orden judicial para confinarse tras dar positivo en covid y no respetar el confinamiento domiciliario