PP, Ciudadanos y Vox rechazan debatir la ley de residencias de Podemos

Madrid

La Asamblea de Madrid ha rechazado, por 64 votos a favor y 67 en contra, tomar en consideración la ley de residencias presentada por Unidas Podemos con los objetivos principales de garantizar la medicalización de los centros, reforzar el control sobre los que son de gestión privada y aumentar la ratio de trabajadores por residente. Esta formación ya presentó en la legislatura anterior otra ley que no salió adelante.

Concretamente, el texto ha sido rechazado por los diputados del PP, Ciudadanos y Vox, que han coincidido en que la propuesta de ley pretende acabar con el sistema privado de residencias.

Según la diputada de Unidas Podemos Paloma García Villa, la ley apunta a un cambio de modelo que incide en la atención sanitaria y en reforzar el carácter público de la red de residencias.

La proposición del partido morado planteaba que los centros cuenten con servicio médico y de enfermería durante las 24 horas del día y, adicionalmente, cuenten con la posibilidad de "medicalizarse", es decir, "modificar el uso por el tiempo necesario para su utilización como espacios para uso sanitario".

Según ha recordado la parlamentaria, en julio de 2020 la Asamblea aprobó por unanimidad una proposición no de ley (PNL, no vinculante) que exigía al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso "medicalizar las residencias de mayores" de la región "con personal y medios suficientes".

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La propuesta también aboga por la creación de nuevas plazas residenciales mediante la construcción de nuevos centros públicos, de no más de 120 usuarios, y que se ubiquen prioritariamente en municipios y distritos que tengan una dotación insuficiente en este sentido.

Asimismo, define una serie de requisitos técnicos para estas infraestructuras, en materia de habitabilidad y accesibilidad.

También plantea la creación en cada centro de un órgano compuesto de residentes, familiares y trabajadores, y que tenga capacidad para fiscalizar la gestión y, en el caso de que sea privada e incumpla las condiciones de la concesión, proponer a la Agencia Madrileña de Atención Social su revocación.

Según el diputado de Vox José Ignacio Arias Moreno, el grupo rechaza esta ley por ser "absolutamente intervencionista", y ha argumentado que las residencias tienen que ser recursos intermedios entre hospitales y residencias, pero si se medicalizan se llegarán a convertir en "hospitales de larga estancia".

Ha señalado que para Vox es importante que la "coordinación" en estos centros se desarrolle perfectamente, porque los errores en la misma o su defecto han generado mucha mortalidad durante la pandemia.

Por su parte, la diputada de Ciudadanos Ana García ha criticado que Podemos ya presentase una ley "idéntica" en la pasada legislatura, y que la actual sólo incluye "alguna modificación" respecto a la crisis sanitaria del coronavirus.

Ha asegurado que su grupo rechaza esta ley porque trata de acabar con las residencias privadas, a las que les exigen requisitos "imposibles de cumplir" para así conseguir que dejen de prestar servicios; además ha señalado que contiene cuestiones erróneas que demuestran "el desconocimiento" de los centros.

La diputada del PP María Dolores Navarro, ha tildado la propuesta de "chapuza" y de "copia desactualizada" de la ley presentada por Podemos en 2018, lo que ha censurado ya que ha pasado "una pandemia" por en medio con "personas fallecidas".

Ha opinado que el texto ha sido presentado por estrategia política, ya que ni menciona en el preámbulo, "el mismo que hace tres años", la crisis sanitaria por la covid, ni tampoco las enmiendas que presentó el PP en su momento.

Los grupos que sí han apoyado la propuesta de Unidas Podemos, PSOE y Más Madrid, han defendido que la pandemia ha evidenciado un problema en el modelo de residencias, por lo que hay que cambiarlo y trabajar en ello.